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Esta mañana el Ayuntamiento anunciaba que el consejo de Ensanche 21 había dado luz verde hoy a un acuerdo “histórico” en el seno de la sociedad, con los votos a favor de EAJ-PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin, a la recuperación de parcelas en Larrein y Aretxabaleta-Gardelegi, detinadas a VPO y paralizadas desde hace una década por empresas constructoras.

Sin embargo, este acuerdo «histórico» tiene su miga. La resolución de 9 contratos con 8 empresas constructoras supone «recomprar las parcelas adquiridas por esas empresas en su día -años 2009 y 2010-, devolviendo a las empresas los anticipos a cuenta y los avales presentados en su día.

“En medio de una crisis sociosanitaria y económica tremenda, el gobierno municipal prioriza engrosar las arcas de un grupo de constructores a acometer medidas para aliviar esta situación”, ha explicado el concejal de EH Bildu Felix Gonzalez.

Estas empresas adquirieron una serie de parcelas, al objeto de construir viviendas y
obtener un beneficio. Una década después, recuperan todo el dinero invertido sin haber llevado a cabo los proyectos.

El acuerdo alcanzado, a través de UNECA, dice que generará para la sociedad municipal unos ingresos superiores a los 24 millones de euros por la venta a través de concurso público de esas parcelas de los sectores 13 y 19. Pero de momento, no las ha vendido y ya veremos con las crisis existente.

En 2009 y 2010 los propietarios de esas parcelas cerraron un contrato con Ensanche 21 para la compra de terreno en los sectores 13 (Larrein) y 19 (Aretxabaleta-Gardelegi)  Entonces, adelantaron parte del pago, cifrado en algo más de 3 millones de euros que les será devuelto, sin intereses, en el momento en el que se vendan las parcelas.

Al rescate de constructores

“Esto supone un riesgo moral cero. Si hubiera habido construcción y beneficios, se los hubieran llevado las empresas. Como no los ha habido, ahora debe salir el sector público al rescate de los constructores”, ha denunciado Gonzalez.

En las propuestas de acuerdo llevadas a Ensanche XXI se habla de «incumplimientos
de ambas partes» y de «causas sobrevenidas de carácter excepcional», para intentar
justificar su necesidad. En ningún momento se aclara en que supuestos incumplimientos han concurrido las partes, ni se ha hecho una cuantificacióneconómica de los mismos.

A EH Bildu le consta que en los documentos de adquisición originales las empresas adjudicatarias tenían una serie de condiciones y plazos, y que, de no cumplirlos, podían ser objeto de sanción. ¿Se ejecutaron esas sanciones en tiempo y forma? ¿Cuánto dinero supusieron? ¿Por qué hay que devolver ahora los avales a las empresas si estas no han cumplido las condiciones del contrato?

Pero lo más grave, sin duda, son las condiciones impuestas a Ensanche XXI en dichos
acuerdos para hacer frente al pago de la supuesta «deuda» que contrae con las constructoras.

Confidencialidad en la operación con las constructoras

El gobierno Urtaran, además, pretende sustraer a la ciudadanía de toda la información relativa a las compensaciones económicas y consecuencias urbanísticas de los pactos, aplicándoles una cláusula de confidencialidad. 

“Estos acuerdos convierten a Ensanche XXI en una máquina de recaudar al servicio de
estas empresas de la construcción. La única política de vivienda del gobierno municipal será pagar a estas empresas, que han actuado de manera coordinada y concertada para imponer sus condiciones. Y, lo que es todavía peor, se quiere convertir los intereses particulares de un grupo de constructores en la política urbanística del municipio para los próximos años. Esto es inaceptable”, en palabras de la portavoz municipal de EH Bildu, Miren Larrion.

En una situación económica en la que el consistorio tiene que echar mano de todos los
recursos disponibles, este gobierno municipal ha tomado una decisión: priorizar el
pago a las constructoras por encima de todas las necesidades económicas y sociales de
la ciudad. “Antepone el ladrillo a las personas”, en palabras de Larrion.

EH Bildu considera que estos acuerdos y sus condiciones son totalmente censurables,
y muy perjudiciales para la sociedad Ensanche XXI, y por tanto, para el interés general.
Larrion ha explicado que “hemos solicitado informes económicos y jurídicos que
detallen el alcance los presuntos incumplimientos de las empresas constructoras, y en su caso, los que hubiera de Ensanche XXI.

También vamos a seguir analizando la documentación para cualesquiera otras acciones que pudiéramos tomar en defensa del interés de la ciudadanía”.

Asimismo, ha asegurado que EH Bildu estará encima del tema y llevará a cabo todas las medidas de control en su mano, empezando por preguntar en la comisión de Territorio del próximo lunes.


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