Vitoria: 52 menores extranjeros en juzgados y cuesta un dineral a Diputación

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El PP ha denunciado que 52 menores tutelados por la Diputación de Álava han estado o siguen todavía implicados en 70 procedimientos judiciales en esta legislatura.

El presidente del PP de Álava y candidato a diputado general, Iñaki Oyarzábal, y la portavoz de los populares en las Juntas Generales, Ana Morales, han señalado en una rueda de prensa que los implicados en dichas causas judiciales son menores extranjeros no acompañados (menas), aunque fuentes de la Diputación han aclarado a Efe que los procedimientos no afectan solo a menas sino también a otros menores tutelados, cuya custodia ha sido retirada a los padres y que dependen también de la institución foral.

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Según el PP, en los juzgados de menores se han abierto 70 procedimientos a chavales «que están bajo la responsabilidad de la Diputación», a los que se les han imputado 15 robos con violencia, 12 agresiones, 10 atentados a las autoridades, 9 hurtos, 9 robos de móvil, 5 delitos leves de lesiones, 3 agresiones con amenazas e injurias, además de robos de bicis, conducir sin permiso, coacciones y daños.

«Todos estos procesos judiciales abiertos tienen un coste para la Diputación, que debe asumir las sanciones, indemnizaciones a terceros y pagos de multas por los delitos y faltas cometidos por los menores», ha añadido Morales, que ha recordado que en la anterior legislatura el coste fue de 17.141 euros y en la actual ronda los 67.000.

De hecho, en 2018 ascendió a 40.370 euros, aunque desde la institución foral explican que una parte considerable de ellos, más de 20.000, correspondieron a una única causa.

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, junto a la portavoz del grupo popular en Juntas Generales de Álava, Ana Morales, han denunciado esta mañana el aumento de la inseguridad por descontrol en los centros menores de extranjeros que gestiona el Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava.

Más declaraciones

Oyarzábal ha exigido a la Diputación a que “imponga medidas de mayor calado porque la situación actual se le ha ido de las manos. Los datos nos demuestran cómo la gestión del PNV es un fracaso y eso conlleva a una alarma social que estamos viviendo y padeciendo en Vitoria-Gasteiz”.

 

En este sentido, el presidente de los populares alaveses ha señalado que “familias vitorianas se han puesto en contacto con nosotros para trasladarnos su preocupación con hijos e hijas adolescentes que se sienten inseguros con el descontrol de la inmigración y las familias se sienten intranquilas”.

 

Por ello, Oyarzábal ha reclamado como “necesario adoptar medidas como el refuerzo del proyecto educativo con más ocupación y controlar los servicios de vigilancia en los centros donde residen estos menores extranjeros para poner fin a este descontrol”.

 

“Se ha producido un efecto llamada y se han aumentado los delitos, esto es una realidad”, ha sentenciado.

 

Por su parte, Ana Morales ha dado conocer ante la prensa un nuevo “episodio de descontrol” en el área del menor. Tras constatar las graves situaciones por la que están pasando los propios menores y los trabajadores, hoy ha desvelado el coste que está suponiendo para las arcas forales el “desaguisado que Diputación tiene es este departamento”, fruto de la continuada “nefasta gestión”.

 

La portavoz en Juntas Generales ha explicado que un total de 52 menores han estado envueltos en procesos judiciales y 70 son los procesos abiertos por diversas faltas y delitos.

 

“El coste de todos estos delitos supone un desembolso importante para la Diputación que ha de afrontar el pago de sanciones, indemnizaciones y multas.

 

Este coste se ha multiplicado por 13 y ha pasado de los 3.124 euros al año cuando gobernaba el PP la Diputación en 2014 a llegar a los 40.370 euros en 2018 con el PNV al frente del gobierno foral”.

 

Para Morales estos datos “alarmantes” avalan el descontrol de la Diputación y disparan “de manera desproporcionada” el coste.

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