Tras la actuación de FACUA Euskadi, una comunidad de 24 vecinos del municipio de Gernika se ha ahorrado los 8.352 euros que les facturaron por dos meses de suministro de gas natural porque la comercializadora que lo hizo les dio de alta sin su consentimiento.
Los afectados decidieron cambiar de compañía ante la subida de tarifas de TotalEnergies, pero les dieron de alta en una filial de esta empresa en lugar de en la comercializadora que solicitaron.
Los hechos se remontan a octubre de 2021, cuando el administrador recibió un carta certificada de TotalEnergies -que en esas fechas todavía usaba el nombre comercial EDP– donde le informaba de la actualización automática de su contrato a partir de enero del año siguiente, pero con un nuevo precio mucho más caro.
Ante esto, el administrador decidió pedir presupuestos a otras compañías. Tras consultarlo con los propietarios, decidieron firmar un contrato con Naturgy que comenzaría el 1 de enero de 2022. Sin embargo, a finales de diciembre esta comercializadora les envió un correo electrónico en el que les indicó que no llevaría a cabo la activación del contrato con las condiciones acordadas dos meses atrás, haciéndoles una nueva oferta que casi triplicaba la tarifa por cada kilovatio hora (kWh) consumido.
Naturgy renunció a activar el contrato
Ante esto, el administrador de la comunidad volvió a pedir presupuestos a varias compañías y la comunidad optó por aceptar el menos malo que recibieron, de Iberdrola. El contrato de esta comercializadora contemplaba como fecha de inicio el 26 de enero de 2022, algo que resultó extraño teniendo en cuenta que el vigente expiraba teóricamente el 31 de diciembre de 2021.
La sorpresa fue mayúscula cuando en marzo de 2022, la comunidad recibió dos facturas de Baser -la comercializadora de tarifa regulada de TotalEnergies- por importes de 4.984,58 y 3.368,05 euros, correspondientes a los periodos del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 y del 22 de diciembre al 25 de enero de 2022. Obviamente, tras tratar el asunto con los vecinos, el administrador canceló los cargos en el banco, pues no sabían nada sobre esta comercializadora.
En estos recibos aparecía el CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro) de la comunidad de propietarios del edificio, pero un CIF diferente al suyo, que comprobaron que correspondía a otra de Guipuzkoa.
A partir de ahí, el administrador se puso en contacto con TotalEnergies para saber qué había pasado. Tras dos semanas solicitando información, le comunicaron que alguien había dado de baja el servicio el 9 de noviembre de 2021 y que no podían ayudarle, emplazándolo a que contactase con la distribuidora de gas de la zona, Nortegas, también propiedad de TotalEnergies.
Explicaciones de la distribuidora de TotalEnergies
No fue hasta abril cuando el administrador consiguió que Nortegas le comunicase, aunque sólo de manera verbal, cuál había sido el supuesto origen del problema. Según la extraña versión que le dieron, después de que se cancelase el cambio de contrato a Naturgy, la compañía que tras la firma se negó a cumplir el precio ofertado, automáticamente se atribuyó a la comunidad de propietarios un contrato de suministro con Baser aunque nadie lo firmase.
Sobre el hecho de que el CIF que aparecía en las facturas no fuese el suyo no le dieron ninguna explicación. Ni tampoco del motivo por el que Nortegás validó ese cambio de comercializadora más de un mes antes de la fecha en que estaba prevista la finalización del contrato con TotalEnergies.
Un cúmulo de infracciones y fallos
Pasados unos meses, y viendo que las compañías no ofrecían ninguna solución, la comunidad de propietarios, a propuestas del administrador, decidió asociarse a FACUA Euskadi. La asociación redactó un escrito de reclamación en el que solicitaba a Baser que anulase las facturas de 4.984 y 3.368 euros que había cargado a esta comunidad de vecinos de Gernika, y que además eliminase de su base de datos la ficha correspondiente a estos clientes, ya que actualmente tienen el gas contratado con Iberdrola y no tienen ningún vínculo comercial con ellos.
En su reclamación, la asociación advirtió de que la comunidad no tenía por qué abonar ni un céntimo por esos dos meses de facturación. Y es que el artículo 66 quarter del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que no podrá reclamarse al consumidor pago alguno por el suministro de servicios como el agua, la electricidad o el gas si no han sido solicitados.
Finalmente, FACUA Euskadi ha recibido una respuesta de Baser en la que explica que el cambio de comercializadora se trató de un error y que, por lo tanto, no iba a repercutir el importe de 8.352 euros por las dos facturas de gas correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2021 y el 25 de enero de 2022.
