EFE).- La abogada de la familia de una de las niñas que supuestamente sufrieron abusos sexuales por parte de un profesor en Vitoria ha opinado hoy que a la Administración le ha importando más que no saliera a relucir el caso para evitar la «alarma social» que «proteger a unos niños de corta edad».
El padre de una de las presuntas víctimas y su abogada han comparecido hoy en el Parlamento Vasco a petición de UPyD para explicar su postura en el caso de presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor sustituto en la capital alavesa a varios niños de entre 3 y 5 años, que está siendo investigado en un juzgado de Vitoria.
Este caso ha provocado además una polémica entre el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco por las contradicciones entre ambos sobre si el docente, ahora apartado, estaba siendo investigado por unos presuntos abusos sexuales a niños.
La delegada de Educación en Álava, Blanca Guerrero, negó en noviembre de 2015 en el Parlamento Vasco que el fiscal le informara en aquella reunión de que el profesor estaba siendo investigado y un mes más tarde Izaguirre dijo a los grupos que no sólo se lo comunicó sino que sugirió que se adoptasen medidas y que ella lo desechó.
Los grupos parlamentarios han escuchado hoy las explicaciones del padre de una de las presuntas víctimas que ya en el curso 2012-2013 denunció a ese profesor.
El caso se archivó entonces por falta de pruebas pero la niña volvió a coincidir con el presunto agresor en un nuevo centro y después el Ayuntamiento de Vitoria detectó al menos cuatro casos de niños y niñas con comportamientos extraños» y palabras «hipersexuadas» impropias para su edad, que en algún momento habían sido alumnos del mismo profesor.
Tras comparecer hoy en el Parlamento Vasco a puerta cerrada, la letrada de la familia de la víctima Ana Arrazola ha denunciado ante los medios de comunicación la «absoluta irregularidad» que ha existido en este caso y ha censurado la ausencia de un protocolo de actuación para este tipo de sucesos.
Además ha opinado que a la Administración le ha importado más que no saliera a relucir el caso, por la «alarma social» que podía generar, que por «proteger a unos niños de corta edad».
En la comisión parlamentaria ha comparecido asimismo el abogado de la Asociación Clara Campoamor José Miguel Fernández López de Uralde, personado como acusación popular en este caso, quien ha incidido en los «errores» cometidos por las administraciones implicadas y ha calificado de «increíble» e «insoportable» que no exista un protocolo de actuación para estos supuestos.
López de Uralde ha aseverado que el interés de los niños «tiene que ser incluso superior al orgullo de un gobierno» y ha afirmado que no pasa nada por reconocer los «errores» cometidos, que deben servir para enmendarlos en el futuro.
El Departamento de Educación ha anunciado que trabaja ya en el borrador de un protocolo en este ámbito que podría estar listo para el primer semestre de este año.
