La modificación del decreto de residencias para personas mayores que prepara el Gobierno Vasco contempla varias medidas para mejorar el trato a los usuarios, entre ellas planes de acompañamiento personalizados, el aumento de un 15 % en las ratios de personal de atención directa y un límite de 150 plazas en los nuevos centros.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha firmado una orden de modificación del decreto en vigor, aunque para su aprobación por parte del Gobierno Vasco faltan aún varios trámites. Este texto surge tras un proceso de participación pública que comenzó en 2021 dirigido a usuarios, familias, profesionales y sindicatos entre otros agentes.
Del decreto quedan excluidos otros tipos de alojamiento para mayores como apartamentos tutelados y viviendas comunitarias ya que en un futuro tendrán una regulación propia, argumenta el Gobierno Vasco.
SE PROHÍBEN LAS SUJECIONES FÍSICAS SALVO EXCEPCIONES
Las modificaciones propuestas buscan fortalecer la atención centrada en el usuario y la coordinación sociosanitaria y regulan algunos protocolos como por ejemplo el relacionado con el uso de sujeciones físicas en los residentes.
Así, no se implantará ningún tipo de sujeción salvo en situaciones excepcionales y de urgente necesidad en las que exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física del usuario, de los cuidadores o de terceras personas y si han fracasado otras medidas terapéuticas alternativas.
En esos casos excepcionales, la aplicación de cualquier tipo de sujeción deberá realizarse siempre bajo una prescripción facultativa y se requerirá un consentimiento expreso del usuario o de sus allegados cuando el propio residente así lo decida de manera expresa o tácita.
Se pretende de este modo respetar la dignidad de los residentes, especialmente de aquellos con demencia.
La propuesta de modificación del decreto especifica que los nuevos centros tendrán un máximo de 150 plazas y deberán estar organizados en módulos de atención y cuidados, cada uno con un máximo de 25 plazas.
Regula otras cuestiones de espacio y las habitaciones dobles tendrán una superficie útil mínima de 22 metros cuadrados, excluido el cuarto de baño, y las individuales de 15 metros cuadrados.
UNA ATENCIÓN MÁS PERSONALIZADA
El plan personalizado de atención y vida deberá adaptarse a las necesidades y preferencias de cada residente y los cuidados físicos, sociales, psicológicos o ambientales tendrán que estar debidamente coordinados. También se garantizarán los derechos y la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.
Todas las personas residentes tendrán asignada una persona profesional de referencia perteneciente al centro residencial y se fomentará un canal de comunicación entre el centro, el usuario y su familia o personas allegadas o responsables legales.
En el texto se especifica que en los centros residenciales se deberá garantizar una atención directa las 24 horas del día y durante todo el año.
Aumentarán un 15 % las ratios de personal y por ejemplo el turno de noche siempre estará cubierto por trabajadores de atención directa, concretamente una persona con perfil técnico asistencial para centros con menos de 50 residentes, dos para residencias de entre 51 y 100, 3 entre 101 y 150 y 4 en las de más de 151.
Los centros residenciales deben garantizar la misma atención de equipo técnico asistencial y sanitario durante el fin de semana y festivos que durante el resto de la semana, aunque en ocasiones podrán utilizarse medios como la teleasistencia para realizar consultas y asesoramientos de bajo riesgo sanitario.
PERSONAL MÁS FORMADO
Los directores deberán tener una titulación universitaria y haber completado al menos 300 horas de formación acreditada en ciertas áreas, aunque para los que ya están en puestos de dirección se permite al menos cinco años de experiencia en el sector.
Los de segundo nivel tienen que tener títulos de grado o equivalentes o títulos de Formación Profesional de Grado superior en las ramas sociosanitarias.
Los centros residenciales en funcionamiento tienen 6 años para cumplir con las modificaciones del decreto, a excepción de los requisitos materiales, pero deben presentar un informe de progreso cada 2 años.
Los centros residenciales de titularidad privada con autorizaciones en trámite o en construcción, o los centros de titularidad pública con proyectos visados, tienen 2 años para cumplir con el nuevo decreto. EFE
Muy bien, entiendo que los costes de esas mejoras irán repercutidos al cliente final ¿no?, vamos a los ancianos, ya tenemos las residencias más caras del norte ahora con estas mejoras pues cobrarán más entavíiia. Espero que el gobierno y las administraciones atiendan el incremento de los precios de las residencias con más subvenciones a los ancianos en los casos en que no puedan sufragarse estos precios….y es que los ancianos cuando deciden ingresar en las residencias los despluman después de toda una vida trabajando y acumulando un pequeño patrimonio para sus descendientes…