El Gobierno Vasco ha recurrido fuera de plazo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anulaba varios apartados de un decreto del Gobierno Vasco que establecía el euskera «como lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general» en el ámbito municipal.
Este decreto, que desarrollaba Ley de Instituciones Locales, fue recurrido ante el TSJPV por el PP y por Vox. El alto tribunal vasco estimó en parte sus recursos y en dos sentencias diferentes dictadas en octubre de 2023 anuló algunos artículos del decreto, los que daban prioridad al uso del euskera en las instituciones locales.
El Gobierno Vasco anunció entonces su intención de recurrir ambos fallos, pero en el caso de la sentencia motivada por el recurso del PP lo hizo fuera del plazo dado por el Tribunal Supremo, que en marzo declaró «desierto el concurso».
El Ejecutivo autonómico impugnó esta decisión al interpretar que el plazo de 30 días había empezado a contar más tarde de lo considerado por el tribunal, pero el Supremo en un auto del pasado 2 de abril rechazó los argumentos del Gobierno Vasco y desestimó la admisión del recurso.
Por tanto el Supremo no se ha pronunciado aún sobre el fondo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Para saber si respalda o no la anulación de los artículos que dan prioridad al euskera habrá que esperar a que estudie el recurso de casación del Gobierno Vasco contra la sentencia con origen en la acción judicial de Vox.
En este caso el recurso del Gobierno Vasco llegó en tiempo, y forma y por tanto fue admitido por el TS, que ahora debe analizar el fondo del asunto y dictar una sentencia al respecto, para lo que aún no hay una fecha estimada.
En una nota, el sindicato LAB ha denunciado «la irresponsabilidad del Gobierno Vasco por dejar caducar el plazo» para recurrir la sentencia y ha pedido cambiar la legislación «para ofrecer seguridad jurídica al proceso de normalización del euskera y, con ello, formar un muro de contención ante la permanente injerencia de los juzgados».
GRAVE
EH Bildu ha considerado «grave e irresponsable» la presentación del recurso fuera de plazo» y ha lamentado en un comunicado que no haya sido capaz de cumplir «adecuadamente» un procedimiento «tan básico», lo que significa que ha actuado de forma «negligente», y esto deja a los ayuntamientos «indefensos».
La coalición abertzale, que pedirá explicaciones al Gobierno Vasco en el Parlamento, ha reiterado su compromiso con las modificaciones necesarias legales porque existen mayorías suficientes en la Cámara para ello.
Por su parte el sindicato LAB ha denunciado «la irresponsabilidad del Gobierno Vasco por dejar caducar el plazo» para recurrir la sentencia y ha pedido cambiar la legislación «para ofrecer seguridad jurídica al proceso de normalización del euskera y, con ello, formar un muro de contención ante la permanente injerencia de los juzgados».
