Sombras en las primarias socialistas en Euskadi

EFE).- El PSE-EE de Álava ha anunciado hoy que llevará a los tribunales europeos una eventual reapertura de la central nuclear de Garoña por sus «problemas de seguridad» y por carecer de una evaluación de impacto ambiental.


Los socialistas alaveses han asegurado hoy que agotarán todas las vías posibles para que no pueda reanudar su actividad la central burgalesa, después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear recibiera ayer el expediente de la solicitud de autorización de explotación de la central para prorrogar su vida útil.

La secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, ha anunciado que la primera medida que adoptarán será llevar esta cuestión a los tribunales europeos para que dictaminen la obligatoriedad del informe de impacto ambiental a la hora de proceder a la reapertura, ya que «el PP, por decreto, se ha saltado este importante y necesario trámite».

Además, los socialistas quieren conocer si la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dado permiso para el uso del agua del río Ebro, porque consideran que la concesión de aprovechamiento, otorgada inicialmente en 1971, caducó hace ya más de medio año, después del cierre de la central el 6 de julio de 2013.

Por otra parte, los grupos municipales de EH Bildu, Podemos e Irabazi han solicitado la celebración de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Vitoria para exigir el cierre definitivo de Garoña y su desmantelamiento.

Estos grupos quieren que el pleno inste al equipo de gobierno municipal a revisar sus contratos con Iberdrola y Endesa, las empresas que conforman el grupo Nuclenor, propietario de Garoña.

Le instan a que no contrate en adelante con ellas y animan a los vitorianos a «romper toda relación contractual» con ambas compañías.

Políticos y ecologistas piden a PNV y PSE que exijan el cierre de Garoña

Representantes políticos de EH Bildu y agentes sociales y ecologistas agrupados dentro del Foro contra Garoña, han reivindicado hoy el «cierre y desmantelamiento definitivo» de la central nuclear y han reclamado a PNV y PSE que así lo exijan ante el Gobierno central con efecto «real e inmediato».

La portavoz del Foro, Marta Castro, ha pedido al Gobierno Vasco que la clausura de la central sea un «punto prioritario e irrenunciable» en la agenda de negociaciones con el Gobierno central, máxime «cuando abundan las negociaciones en el Parlamento estatal en gran parte de los temas que se debaten», ha opinado.

Castro ha denunciado que la planta nuclear es peligrosa e innecesaria, pues «se encuentra a 60 kilómetros de Bilbao y a solo 37 del pantano de Ordunte (Burgos), de donde bebe toda Bizkaia», y además «lleva parada desde 2012».

En esta línea, ha lamentado la «escasa implicación» de los políticos e instituciones del territorio en la protección de la sociedad vasca, y ha deplorado que la Cámara de Vitoria haya retirado del pleno la moción socialista que buscaba el apoyo unánime del Parlamento en contra de la centra de Garoña.

No obstante, ha considerado la proposición del PSE «muy falta de contenido», ya que, según ha opinado, no exige «acciones concretas» para lograr el cierre definitivo.

En nombre del Gobierno autonómico, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, reiteró el martes la postura «claramente contraria» de las instituciones vascas a la reapertura de la central nuclear, del mismo modo que lo han expresado también los demás grupos parlamentarios vascos, a excepción del PP.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió ayer el expediente de la solicitud de autorización de explotación de la central nuclear de Garoña, donde se avala la reapertura de la planta a condición de que los propietarios, Endesa e Iberdrola, realicen algunas mejoras de seguridad.

La decisión, que se prevé dure semanas dada la «voluminosidad» del informe, según informó el CSN, está en estos momentos en manos del pleno político, formado por tres delegados del PP, que apoya la reapertura, y dos del PSOE, y de ser favorable, sería el Ministerio de Industria y Energía el que en última instancia debiera autorizarla.

Castro ha expresado que se trata de «una situación sin precedentes», pues «es la primera vez que una central nuclear pide permiso para funcionar durante 17 años más hasta llegar a los 60 años de vida útil, cuando fue diseñada para hacerlo durante 40».

En este sentido, ha lamentado que se aprueben normativas «sin que haya un debate técnico ni social», ya que ha considerado, además, que la concesión del permiso «podría abrir el camino para que el resto de las centrales españolas, mucho más potentes y contaminantes, puedan ver prorrogado también su funcionamiento».

La representante del Foro contra Garoña ha abogado por «el cierre de todas las centrales, la independencia del CSN y el traspaso hacia un modelo energético con renovables», y ha anunciado una nueva movilización el 4 de febrero, que se sumará a la concentración de hoy ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, donde reiterarán su demanda por «el empleo de fuentes energéticas respetuosas con el medio ambiente».

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