de miguel
sentencia vitoria

El Tribunal Supremo ha rebajado ligeramente las condenas impuestas en el denominado caso De Miguel contra tres exdirigentes del PNV y un exdirector del Gobierno Vasco, en el mayor proceso por corrupción juzgado en Euskadi, con penas que van de 5 a 12 años de cárcel, por lo que no evitarán su entrada en prisión.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia que rebaja de 13 años y 3 meses de cárcel a 12 años y 4 meses a Alfredo de Miguel, el que fuera número dos del PNV en Álava y diputado foral, al absolverle de uno de los cuatro delitos de tráfico de influencias.

El Supremo mantiene no obstante su condena por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, así como el cumplimiento máximo de tiempo efectivo en prisión, que será de 9 años.

El exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería pasa de 6 años y 6 meses a 5 años y un mes de prisión al ser absuelto de su responsabilidad como cooperador necesario en un delito de tráfico de influencias en uno de los contratos adjudicados.

Se mantiene la pena impuesta por la Audiencia de Álava por el resto de delitos, entre ellos tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El alto tribunal no modifica las condenas de su compañero de partido Koldo Otxandiano (7 años y 6 meses) ni del exdirector de Juventud del Gobierno Vasco Javier Sánchez Robles (7 años y 1 mes).

Los cuatro deberán entrar en prisión.

La sentencia de la Audiencia de Álava fue recurrida por la Fiscalía y por 13 de los 15 condenados. Tras estudiar todas argumentaciones el Supremo ha confirmado con puntuales correcciones técnicas los hechos probados por la sentencia de instancia de Álava así como la mayoría del resto de las condenas.

Tan solo ha absuelto de todos los cargos al presidente de los Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Andrés Sánchez Alegría (que había sido condenado a 14 años de inhabilitación), por no aportarse prueba suficiente de que llegara a conocer las irregularidades en que incurrieron los procedimientos que llevaron a la adjudicación de contratos a favor de dos entidades.

Además el alto tribunal ha revisado ligeramente a la baja las condenas impuestas a Iñaki San Juan, Josu Montes, Jon Iñaki Echaburu y Alfonso Arriola, mientras que mantiene las de Iratxe Gaztelu-Urrutia, Ainhoa Bilbao, Sergio Fernández Oleaga y Justina Angulo.

En su sentencia el TS dice que los tres exdirigentes nacionalistas, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.

Para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados, bajo la titularidad de testaferros, para aparentar que no eran de su propiedad.

La sentencia también condena a De Miguel, Telleria y Otxandiano por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, hasta el punto de que la Administración les abonó unos trabajos que no realizaron nunca.

Estos contratos fueron otorgados por organismos públicos también regidos por miembros del PNV, concretamente por el Parque Tecnológico de Álava, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, así como por las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava cuyos presidentes pertenecían a esa agrupación política.

Para la adjudicación de los contratos, la sentencia explica que los condenados aprovecharon su influencia política sobre algunos de los integrantes de esas corporaciones y que los colaboradores, además de contravenir el procedimiento de tramitación administrativa, propusieron la adjudicación por amiguismo con los exdirigentes del PNV. EFE



8 Comentarios

  1. Toda esta gente no hubiera podido hacer nada si los técnicos y funcionarios que dan el visto bueno a cada uno de los procedimientos de contratación hubiesen actuado con diligencia. COSA QUE NO SE HACE DESDE HACE MUCHO TIEMPO, en especial en las numerosas empresas públicas (organismos perfectos para poder hacer estas tropelías).
    El problema es enorme y el cancer corrompido que hay en cientos y cientos de puestos de las administraciones es un gravísimo problema que tira por la borda la honradez de otros muchísimos funcionarios que no se merecen esta imagen. Eso sí nadie se queja y todo Díos mira para otro lado.
    Habría que hacer una gran limpia y abrir juzgados especiales como se ha hecho para la violencia de género.
    Sino nos cargamos las instituciones.

  2. Bien Ortuzar, como la palabra de un nacionalista decís que es sagrada,
    ahora tu partido cumplirá lo que dijiste en tu entrevista a Radio Euzkadi sobre la sentencia de vuestro conmilitón ¿no?

  3. Nostá mal. 13 años para «resolver» un caso (no dos) de corruptela que sabía todo el mundo (los del mundo peneubetarra y aledaños). Ahora falta saber si «Chicho» y adláteres «entran» en prisión o lo hacen como el urdanga (nada que ver con el significado en euskera, sino con el maridodecuñaodeyyernode)

  4. Totalmente de acuerdo con lo expresado por Pocaverguenza.
    Todos los cargos politicos y funcionarios que dieron el visto bueno a los chanchullos de estos señores también deberian ser investigados.
    No se entiende que con todos los filtros que hay que pasar para una subvención o contratación en la administración pública, nadie dijera nada y a todos les pareciera bien lo que era un escandalo a todas luces.
    Dentro seguro que tenian a muchos «colaboradores».

    • Tienes razón Luz. El problema es que los funcionarios están totalmente desprotegidos (y más los interinos, van 23 años desde la última oposición de técnicos) basta que muestren desacuerdo con sus superiores jerarquicos para que estos le arruinen la vida.

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