Vitoria: Alertaban hace años de delincuentes más violentos

Tres organismos piden cárcel. El último en hacerlo, la Asociación Clara Campoamor, especializada en la defensa de los derechos de menores y mujeres maltratadas, pide para diez personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación de Álava penas que oscilan entre los 6 años y 6 meses de cárcel y los 39 años y 6 meses.

Este caso saco salió a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando presuntos casos de prostitución de menores tutelados tras recibir una denuncia del director de centro de Sansoheta en Vitoria, donde se acoge a personas con problemas graves de comportamiento cuya tutela ha sido retirada a los padres.

Al parecer los imputados en este caso pagaban por tener sexo con menores que estaban en ese centro. Cuando se conoció este hecho la entonces diputada foral de Servicios Sociales de Álava y hoy consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, afirmó que las víctimas, al menos cinco, tenían entre 14 y 17 años y estaban internas en el centro en régimen abierto.

MAS PETICIONES

La Fiscalía ha solicitado para los diez acusados penas que suman más de 100 años de cárcel por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública.

La Diputación Foral, que está personada en el proceso como acusación particular, ha pedido las mismas penas que el Ministerio Público, han confirmado fuentes de esta institución.

La acusación popular ejercida por Clara Campoamor solicita por su parte penas que van desde 6 años y 6 meses para un acusado de un delito continuado de corrupción de menores, hasta 39 años y 6 meses para otro que se enfrenta a un delito de corrupción de menores, dos continuados de abuso sexual, dos de exhibición de pornografía ante menores y otro contra la salud pública.

En el escrito de acusación que esta asociación ha hecho llegar a la Audiencia Provincial de Álava se pide además para todos los encausados la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante 5 años, así como 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena en prisión y la obligación de someterse a un programa de educación sexual. EFE


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5 Comentarios

    • El deber de educar a los menores es de los padres, no de las instituciones. Cuando llegan a Diputación están más q «rotos» esos niños.
      Algunos llegan a este país con edades en las q poco ya se puede hacer

  1. ¿Y quienes son estos elementos a los que se les pide 6,5 años, y casi 40 para otro? ¿andan sueltos por las calles y parques de la ciudad?

  2. 5 años llevan dando vueltas a este «caso» en el que esta mezclada la dipu, sus «servicios públicos» y sus «servidores públicos». Por eso tiene toda la pinta del típico «caso» en el que se marea la perdiz hasta que se muere de mareo, por lo cual finalmente no hay «caso».

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