(EFE).- Un Juzgado de Vitoria ha sobreseído la querella que presentaron de forma conjunta la Diputación y las Juntas Generales de Álava para que se esclareciera la muerte de cinco obreros en Vitoria el 3 de marzo de 1976 por disparos de la Policía, al considerar que los delitos han prescrito.
Las Juntas Generales de Álava han informado de que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital alavesa ha comunicado hoy el sobreseimiento de la causa, pero el parlamento provincial ha anunciado que recurrirá esta resolución.
Primero lo hará mediante un recurso de reforma ante el mismo juzgado instructor y, en caso de que sea desestimado, presentará uno de apelación ante la Audiencia Provincial.
El pasado mes de octubre las Juntas y la Diputación, por un lado, y el Ayuntamiento de Vitoria, por otro, presentaron sendas querellas por delitos de lesa humanidad contra los autores de la muerte de cinco obreros después de que la Policía disolviera a tiros el 3 de marzo de 1976 una asamblea de trabajadores que se estaba celebrando en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís, actuación en la que además cientos de personas resultaron heridas.
En su resolución, el juzgado explica que los hechos no pueden ser tipificados como delitos de genocidio y lesa humanidad porque ocurrieron en 1976 y esa tipificación fue introducida en el derecho penal en 2003, concretamente por la Ley Orgánica 15/2003.
Añade que por lo tanto habría que aplicar el Código Penal vigente en marzo de 1976, según el cual estos delitos podrían ser reconducidos como asesinato u homicidio.
Sin embargo, el artículo 113 del Código Penal que estaba en vigor en el momento de los hechos señalaba que los delitos castigados con las penas más graves -si se tratara de un asesinato- prescribían a los veinte años, pero entre el 3 de marzo de 1976 y la interposición de esta querella han transcurrido más de 40 años.
Por lo tanto el juzgado ha acordado el sobreseimiento libre y ha declarado extinguidos por prescripción los delitos perseguidos en esta causa, han informado las Juntas Generales de Álava, que ya han anunciado que recurrirán.
El Ayuntamiento de Vitoria no ha recibido todavía notificación sobre la resolución a su querella, que era prácticamente idéntica a la presentada por la Diputación y las Juntas, según han informado a Efe fuentes municipales.
Las dos querellas daban cumplimiento a los acuerdos adoptados en estas tres instituciones para iniciar acciones judiciales en los tribunales con el fin de esclarecer los hechos y exigir responsabilidades penales por los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y los primeros momentos de la Transición española.
Estas querellas se suman a la causa que abrió la magistrada argentina María Servini contra los crímenes del franquismo, incluidos los del 3 de marzo de 1976, que ordenó la detención de 20 personas.
Entre ellos figuran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976; Alfonso Osorio, ministro de Presidencia en esa época, y Jesús Quintana, capitán de la Policía cuando los agentes actuaron contra los trabajadores de Vitoria.
Pero el Estado se opuso a las peticiones de extradición de Servini y la Fiscalía General del Estado, a través de su máxima responsable, Consuelo Madrigal, impidió que los imputados fuesen llamados declarar, según denunció la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo de Vitoria.
Toda la puñetera vida dando vueltas a las mismas tonterías, mientras nos roban a la cara.