(EFE).- El Parlamento Vasco, con los votos en contra del PNV y PSE, ha reprobado cualquier declaración o acto público que se haya realizado o se realice con la intención de poner en duda el trabajo desarrollado por la Ertzaintza y la Fiscalía en la instrucción del conocido como «caso De Miguel».
Además, el Parlamento ha despreciado cualquier conducta que conlleve una mala utilización del poder público con el objetivo de conseguir un provecho ilegal, así como cualquier conducta que tenga por fin la justificación, ocultamiento o protección de este proceder.
El pleno del Parlamento ha debatido una iniciativa sobre el «caso De Miguel», una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales en la que están imputados exdirigentes del PNV alavés.
El principal imputado es Alfredo de Miguel, que fue número dos del PNV alavés y diputado foral, para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel como presunto líder de la trama.
El debate se produce en un momento en el que el juicio se encuentra suspendido, desde el pasado 17 de septiembre y en principio hasta el próximo lunes, período en el que la Fiscalía y los abogados de los imputados están negociando un posible acuerdo de conformidad que supondría reconocer delitos a cambio de rebajar las penas.
Elkarrekin Podemos ha llevado este asunto al pleno del Parlamento a través de una proposición no de ley que registró en la Cámara el pasado 9 de febrero, un mes después de que comenzara el juicio en la Audiencia Provincial de Álava, pero que no se ha debatido hasta hoy.
Elkarrekin Podemos y EH Bildu han transado una enmienda, dos de cuyos tres puntos también han recibido el voto a favor del PP, el primero de ellos el referido a la reprobación de cualquier declaración que ponga en duda la instrucción y que pudiera condicionar el juicio y minusvalorar la gravedad del caso o sus profundas consecuencias políticas.
PNV y PSE, socios de coalición en el Gobierno Vasco, han votado en contra de la enmienda y se han reafirmado en la que habían presentado conjuntamente, que no se ha votado, en la que abogan por respetar los tiempos judiciales y las sentencias de los tribunales.
En el transcurso del debate el discurso más contundente ha sido el de Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos), que ha denunciado que el hecho de la que mayoría de los imputados sean «cercanos a (Joseba) Egibar», el portavoz parlamentario del PNV, explica que este partido y el Gobierno Vasco «miren a otro lado» ante una «auténtica trama de corrupción».
Ha acusado a Egibar de salir en defensa en «innumerables ocasiones» de los acusados. «¿De verdad va a seguir diciendo que cree en su inocencia?», ha preguntado al dirigente nacionalista.
Le imagino, ha proseguido en referencia a Egibar, enviándole un mensaje al principal imputado diciéndole «Se fuerte Txitxo, se fuerte», en alusión al nombre con el que se le conoce a Alfredo de Miguel en su entorno próximo.
Macazaga ha subrayado que el Gobierno Vasco, que está personado como actor civil en este caso y que reclama 221.000 euros por supuestos trabajos facturados pagados y presuntamente no realizados, está obligado a defender los intereses de la ciudadanía y no de «sus amigos corruptos».
«Confío en que sea capaz de reconducir la posición de su partido y que no mire hacia otro lado», ha dicho al lehendakari, a quien también ha reprochado que el Gobierno Vasco no haya defendido a la Ertzaintza que trabajó en la instrucción del caso.
Egibar (PNV) le ha contestado que él cree en la presunción de inocencia y ha señalado que en estos momentos la decisión está en los tribunales. «Nos toca estar callados hasta que llegue una sentencia», ha indicado.
También ha señalado que «está claro, en la medida que se puede comprobar», que no ha habido un enriquecimiento personal ilegal en este caso.
Desde el PSE, José Antonio Pastor se ha remitido a las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre este caso de hace dos legislaturas y ha mostrado su reconocimiento al trabajo de la Fiscalía, la Ertzaintza y el juez instructor. «Será el tribunal el que determine las penas», ha concluido.
Josu Estarrona (EH Bildu) ha denunciado que en Euskadi no haya un mecanismo de control eficiente para hacer frente a la corrupción porque «no ha existido voluntad política suficiente» para ello y ha tachado la trama del «caso De Miguel» de corrupción «ilegal, inmoral y nada ética».
Por su parte, Carmelo Barrio (PP) ha reprochado al Gobierno Vasco que haya actuado «como un estorbo» ante el mayor caso de corrupción del País Vasco «que afecta de lleno al PNV», pero ha insistido en que ahora es el momento de los tribunales, no de las declaraciones políticas. EFE
Yo tambien dudo y dudo de la separación de poderes, eso es un cuento como el que los reyes magos traen los regalos o los niños los trae la cigueña