EFE).- El ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel por supuestamente liderar una trama de cobro de comisiones ilegales, ha solicitado su absolución y ha censurado el relato «fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco» que hace el Ministerio Público.
El abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta (Cuatrecasas), ha presentado hoy su escrito de defensa en el caso que se juzgará en la Audiencia Provincial de Álava contra él y otras 25 personas, entre ellas Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés, en el mayor sumario de presunta corrupción instruido en Euskadi.
En el escrito de defensa, el letrado, que también defiende a la mujer de Miguel, Ainhoa Bilbao, imputada igualmente en esta causa y que se enfrenta a 30 años y 6 meses de cárcel, pide la libre absolución de ambos al considerar que no han cometido ninguno de los delitos que se les imputan.
Además anuncia que en el inicio del juicio -cuya fecha no se ha fijado todavía- pedirá la nulidad de las actuaciones por infracción de diversos derechos fundamentales, así como de algunas pruebas y la prescripción de diversos delitos.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha imputado a De Miguel un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, al considerarlo el líder de un entramado societario, creado antes de 2005, en el que figuraban diversas empresas como Kataia, que buscaban «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».
La Fiscalía mantiene que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas y/o administrativas» que tenía por su pertenencia al PNV y relata hasta diez «operaciones ilícitas» en las que según él intervino la trama: entre ellas varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno Vasco entre 2006 y 2008, durante la etapa de Juan José Ibarretxe; con la Diputación de Álava y el Parque Tecnológico de Álava.
El fiscal jefe de Álava también describe pagos de comisiones ilícitas de un 4 % como consecuencia de la adjudicación de obras públicas en las localidades alavesas de Lapuebla de Labarca y Zigoitia; e irregularidades en una operación urbanística en Zambrana con el consecuente pago de comisiones ilícitas.
Ahora, el abogado de De Miguel rebate en su escrito de defensa de 51 folios, al que ha tenido acceso Efe, las acusaciones de la Fiscalía y asegura que Izaguirre ha elaborado un «relato deslavazado, farragoso, plagado de llamativas contradicciones, voluntarista y huérfano de prueba que lo sustente».
Incluso indica que algunas de las acusaciones que presenta son un «claro exponente de cómo el Ministerio Público imagina una historia y cómo acomoda el relato fáctico a la misma, sin importarle lo más mínimo que lo aseverado sea incierto» y censura «elucubraciones» y «tergiversaciones» de la Fiscalía.
A lo largo de su escrito el letrado rebate las acusaciones de la Fiscalía, empezando por la supuesta asociación ilícita, de la que dice que el relato que hace Izaguirre «parece más destinado a la prensa que a un tribunal».
En ese sentido asegura que «no hay ni habrá» prueba alguna de que haya existido un enriquecimiento ilícito de sus defendidos y tampoco «de que lo hubiera a favor» de «misteriosas terceras personas» que, «con calculada ambigüedad», el fiscal parece referirse a «organizaciones políticas» en alusión implícita al PNV.
«No hay la más mínima referencia a que la ‘trama’ recibiera dinero en efectivo y de procedencia supuestamente delictiva», concluye el letrado respecto a la «fantasiosa e indemostrada» asociación ilícita.
Sobre Kataia, empresa sobre la que «pivota» la supuesta organización criminal, el abogado describe sus actividades y asegura que todos los ingresos de esta empresa en la que participaba a través de su mujer están debidamente justificados, documentados y declarados fiscalmente.
También es muy contundente a la hora de negar la supuesta comisión de 100.000 euros que De Miguel exigió en 2008 a la abogada Ainhoa Alberdi por un contrato en el Parque Tecnológico de Álava y que dio origen a la denuncia que destapó esta presunta trama.
«Es radicalmente falso» que De Miguel solicitara «verbalmente ni por escrito, el pago de comisión o cualquier clase a dinero a Alberdi», afirma el letrado, quien añade que no existe otra reclamación que la de la deuda pendiente de Loizate por trabajos acreditados en las actuaciones.
«Mal casa además que esté ‘extorsionando’-como dice la Fiscalía- a una abogada con la que se tiene una relación fluida», como demuestra con documentos que aporta en su escrito.
La defensa analiza las diversas «operaciones ilícitas» y las rebate una a una. Así asegura que los contratos entre Kataia y el Gobierno Vasco en materia de juventud se hicieron de «conformidad» con la legislación vigente y que los trabajos fueron «efectivamente y plenamente ejecutados».
También niega los supuestos pagos de comisiones por obras en La Puebla y Zigoitia, y asegura que los abonos hechos no fueron «ninguna comisión ilícita», sino por trabajos realizados. Asimismo rechaza cualquier implicación de De Miguel en impulsar modificaciones urbanísticas en Zambrana, que fueron aprobadas por este Ayuntamiento gobernado por independientes y finalmente fueron rechazadas en lo sustancial por una orden foral emitida por el propio De Miguel.
Los 26 imputados en este caso se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre los 54 años y 11 meses de cárcel hasta los 4 años y 6 meses. Entre ellos hay nueve exdirigentes del PNV y otras personas afines a esta formación.
Los abogados de las defensas tienen hasta el próximo 18 de mayo para presentar sus escritos y después la Audiencia de Álava deberá fijar la fecha del juicio, que fuentes del caso calculan que podría retrasarse hasta el próximo año por la magnitud y dificultad que entraña. EFE
