La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha asegurado este lunes en una comisión parlamentaria que con la equiparación salarial que será aprobada en el Parlamento Vasco los profesores de la red de enseñanza concertada «no podrán tener retribuciones superiores» a los que trabajen en la pública «en sus mismas circunstancias».
Pedrosa ha comparecido a petición propia en la comisión correspondiente de la Cámara para dar explicaciones sobre el proceso de equiparación salarial del personal docente de los centros privados concertados con el de los que dependen directamente de su departamento.
Este proceso supondrá por el momento un desembolso de 67 millones de euros por parte del Gobierno Vasco para los cursos 2022-2023 y 2023-2024 a través de los conciertos educativos, de los que, según fuentes del departamento, 50,1 irán a los centros de Kristau Eskola y 16,8 a las ikastolas y resto de centros.
La equiparación, que se hará posible por primera vez a través de la aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuestos de 2024, está avalada según la consejera por unas «solidas bases jurídicas» y está respaldada por un «amplio consenso político, patronal, social y sindical».
Pedrosa se ha pronunciado además en respuesta a algunos grupos sobre si supondrá que los docentes de la red privada concertada cobrarán más que los de la pública, para negar esta posibilidad.
«El principio general que va a regir es que el personal que ocupe puestos de trabajo financiados por el departamento en centros concertados no podrá tener retribuciones superiores a los puestos de titularidad pública en sus mismas circunstancias», ha zanjado.
No obstante, ha llamado la atención sobre la «complejidad» de esta cuestión porque las tablas salariales y los complementos en cada una de las redes se estructuran de manera diferente, aunque en términos generales actualmente hay entre 4.000 y 4.400 euros de diferencia anual entre el salario de un profesor de la concertada y otro de la pública.
Habrá obligaciones para los centros concertados
La consejera ha explicado que con la equiparación todos los incrementos salariales de los profesores de la red pública se reconocerán también a los de los concertados. No obstante, ha hecho hincapié en que supone también la asunción de una serie de compromisos y obligaciones por parte de los centros privados concertados, que se establecerán en normativas que Educación está ultimando.
En este sentido, los acuerdos adoptados implican compromisos como la transparencia en el acceso a los puestos de trabajo, de manera que respondan a principios de igualdad, mérito y capacidad, y que se garantice la publicidad de las ofertas. Además, estos colegios tendrán que elaborar una relación de puestos de trabajo que incluya a todo el personal docente y no docente.
Además de para «reconocer la labor del profesorado», el Gobierno Vasco ha decidido dar este paso para el que Pedrosa ha recordado que está obligado por ley, para «seguir dando pasos hacia la gratuidad de la enseñanza» con el objetivo de que los centros concertados no carguen con cuotas a las familias «los incrementos salariales superiores a la concertación».
Desde los grupos de la oposición, Ikotz Arrese (EH Bildu) ha considerado que la medida es adecuada, pero ha advertido de que no puede ser «un café para todos» porque no todos los centros concertados cumplen por igual los principios de contratación transparente o de equidad, entre otros.
Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha insistido en que con la equiparación el profesorado de la red concertada va a cobrar más que el de la pública y ha asegurado que «la solidez jurídica de esta medida no está tan clara».
Por último, el popular Álvaro Gochi ha dicho que está de acuerdo con este proceso, pero ha precisado que no está clara la manera en la que el departamento ha calculado la equiparación. EFE
