El proyecto de presupuestos de Álava para 2023 ha recibido 414 enmiendas de los grupos de la oposición por un valor superior a los 50 millones de euros, además de dos enmiendas de totalidad por parte de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU.
El PP es por tanto el único partido de la oposición que no ha pedido la devolución de las cuentas, que en todo caso tienen garantizada su aprobación porque los dos grupos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE, tienen mayoría absoluta en las Juntas Generales.
Este lunes ha concluido el plazo de presentación de enmiendas a los presupuestos. El viernes el pleno votará -y rechazará- las de totalidad. El trámite parlamentario continuará después con las parciales, que se debatirán en comisión los días 19 y 20. Finalmente el viernes 23 el pleno aprobará las cuentas con las modificaciones acordadas en comisión.
El principal grupo de la oposición, EH Bildu, ha pedido la devolución de las cuentas -ya lo había anunciado- porque el presupuesto «no recoge el cambio de rumbo que necesita Álava», lo que pasa por «la garantía del bienestar social, una política fiscal más justa y la transformación socioeconómica» del territorio.
Ha registrado además 89 enmiendas parciales por valor de 23 millones de euros para aumentar las plazas de la residencia San Prudencio, mejorar las condiciones laborales en el sector de cuidados y la gratuidad del transporte público hasta los 12 años, entre otras propuestas.
También propone eliminar «el escudo fiscal del impuesto de patrimonio y aplicar la deflactación en las rentas más bajas», aumentar las ayudas a las comunidades energéticas, un plan de autoabastecimiento en los edificios forales, la reactivación la comarca de Ayala y la revitalización de las localidades pequeñas.
El PP no pedirá la devolución de las cuentas con el propósito de mostrar una actitud «práctica y constructiva» a pesar de la «falta de voluntad de diálogo» del Gobierno foral.
Así, ha presentado 129 enmiendas parciales -no ha cuantificado su importe global- para «impulsar el empleo, el desarrollo económico y los sectores estratégicos» y para reforzar las prestaciones sociales y los servicios en la zona rural.
Los populares han abogado por eliminar «gasto superfluo» y «chiringuitos» y dar prioridad a las inversiones en polígonos, las medidas de conciliación, la reactivación de la zona rural y del comercio de Vitoria y destinar más dinero para ayudas a los cuidados.
Elkarrekin Podemos-IU ha registrado por su parte una enmienda a la totalidad y 196 parciales por un importe de 21 millones para «reforzar el escudo social», combatir la pobreza energética y establecer ayudas «para el acceso a una cesta básica de alimentos».
Esta coalición, que también ha censurado que PNV y PSE no han tenido «ninguna intención de llegar a acuerdos», quiere asimismo mejorar las prestaciones para el cuidado de dependientes e impulsar la contratación de jóvenes, desempleados de larga duración y mayores de 45 años.
También propone la gratuidad del transporte público para menores de 16 años y reducir los sueldos de los altos cargos forales para destinar ese dinero a la cooperación para el desarrollo, entre otras cuestiones. EFE
