Euskadi:Condenas por delitos de menores españoles/extranjeros

El movimiento de pensionistas ha concertado una entrevista con la Fiscalía Superior del País Vasco para solicitarle que confirme posibles negligencias en la gestión de la pandemia de Covid-19 en las residencias de mayores y en los servicios de atención a la dependencia y que adopte las diligencias oportunas de confirmarlas, han anunciado representantes del colectivo.

Miembros del movimiento de pensionistas se han concentrado este miércoles ante los juzgados de Bilbao tras una pancarta en la que se leía «Mayores dependientes en residencias y en casa, vida digna» con la pretensión de mantener esa reunión en el día de hoy.

Al no ser posible en el actual período vacacional, han pospuesto el encuentro hasta el próximo 7 de septiembre, cuando tienen previsto reunirse, en principio, con la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, según ha señalado el representante del movimiento de pensionistas de Bizkaia, Xabier Isasa.

Su intención es entregar a la Fiscalía el informe que ha elaborado el colectivo sobre las graves consecuencias de la pandemia de la Covid-19 en los servicios socio sanitarios de atención a la dependencia y especialmente en las residencias en base a testimonios de residentes, familiares, trabajadores, sindicatos y representantes institucionales, así como con informaciones de medios de comunicación.

Los concentrados han recordado que en su momento también pidieron a las Fiscalía de Álava y al Ararteko que investigasen lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus.

«Entendemos que ha podido haber vulneraciones de derechos humanos en las residencias y en las situaciones de confinamiento de mayores y si esto ha ocurrido, la Fiscalía tiene posibilidad de promover acciones ante los tribunales de Justicia», ha indicado Juan Antonio Armentia, del movimiento de pensionistas de Álava.

Armentia ha señalado que «el 38 % de los fallecidos» por Covid-19 se ha dado en el ámbito de las residencias y ha denunciado vulneraciones de derechos también en el confinamiento de personas mayores.

Según ha afirmado, «hay personas que no pueden ni siquiera salir de la residencia, que les puede visitar un solo familiar y únicamente dos veces por semana», lo que supone «un atentado contra los derechos humanos de esas personas». EFE



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