EFE).- El Consejo General de Dentistas de España ha anunciado hoy que el Ministerio de Sanidad tiene previsto promover de manera «inminente» un proyecto de ley que regule la publicidad sanitaria en España.
El comité ejecutivo de este consejo se ha reunido hoy en Vitoria para dar su respaldo al Colegio de Álava al que la Autoridad Vasca de la Competencia le ha impuesto una multa de 250.000 euros y a su presidenta de 10.000 por unas declaraciones de ésta negativas sobre los servicios de algunas clínicas dentales de franquicias.
Desde hace meses, el presidente de los dentistas de España, Óscar Castro, se viene reuniendo con los portavoces de sanidad de los distintos grupos en el Congreso para trasladarles la necesidad de regular la publicidad sanitaria en todo el país que acabe con lo que consideran mensajes engañosos y con la «mercantilización» que sufre el sector.
Castro, en una comparecencia hoy ante los medios de comunicación, ha anunciado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad «apoya» esta reivindicación de «sacar adelante esta iniciativa legislativa» de manera «inminente».
Ha recordado que solo cinco comunidades autónomas tienen legislación específica sobre publicidad sanitaria y que en casos como en el País Vasco data de 1991, con lo que se ha quedado «obsoleta» ante la evolución que ha experimentado el mundo de la comunicación y la publicidad.
Ha insistido en la necesidad de regular la publicidad sanitaria porque solo entonces se recuperará «el prestigio que poco a poco ha ido perdiendo la odontología» por campañas de publicidad engañosa.
Por ejemplo, Castro ha denunciado que a día de hoy Dentix, que fue la que denunció al colegio de Álava, «no ha podido demostrar que haya colocado un implante a un paciente que le haya costado 222 euros», tal y como anuncia su publicidad que, ha dicho, es «engañosa».
Castro ha criticado las campañas publicitarias con «letras pequeñas, asteriscos, con la participación de famosos» por parte de empresas con el único interés de captar cuantos más clientes mejor, que no pacientes.
Ha considerado que el que pone el interés económico por encima del sanitario comete una grave irresponsabilidad y en este sentido ha valorado que los grupos del Congreso estén «plenamente sensibilizados» sobre esta cuestión.
El presidente del Consejo General de Dentistas de España ha reiterado el apoyo de este organismo y de todos los colegios de España al de Álava por esta multa que fue interpuesta por la autoridad de la competencia en Euskadi y que ya han recurrido ante la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La multa tuvo su origen en la denuncia formulada en abril de 2016 por una clínica que se consideró afectada negativamente por unas declaraciones de la presidenta de los dentistas alaveses, Carmen Mozas, en las que expresaba opiniones negativas sobre diferentes formas de prestación de servicios por parte de ciertos dentistas.
Mozas ha anunciado hoy que están dispuestos a acudir al Tribunal Supremo y a la justicia europea si fuera necesario para anular esta sanción que ven «inasumible» y «desorbitada».
Castro ha criticado que las autoridades de la competencia están considerando a los colegios profesionales como meras entidades mercantiles, cuando tienen reconocidas por ley unas funciones públicas de colaboración con las administraciones para que el ejercicio profesional se lleve a cabo con la mayor calidad asistencial y cumpliendo con los principios éticos, deontológicos y legales para garantizar los derechos de los pacientes.
En este sentido, ha concluido que el cambio de modelo asistencial odontológico ha traído consigo una «acuciante mercantilización del sector» con campañas agresivas en las que se antepone el interés económico a la salud de los pacientes.
