EFE.- Los cuatro acusados de robar en diez viviendas de Cantabria, País Vasco y Navarra durante el mes de febrero de 2020 han aceptado una pena de cárcel de dos años, aunque no volverán a prisión, donde ya han estado un año y cuatro meses.
Las partes han alcanzado este acuerdo al aplicarles la atenuante de reparación del daño por haber pagado, justo antes del inicio del juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria, la responsabilidad civil de más de 60.000 euros que se les pedía indemnización para los víctimas de los robos.
¿EXPULSION DE ESPAÑA?
En el acuerdo se les conmutaba la pena de cárcel por la expulsión de España, aunque los cuatro han pedido permanecer en el país por su arraigo familiar y sus defensas han pedido su puesta en libertad inmediata al haber cumplido ya parte de la pena, a lo que no se han opuesto ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares.
El tribunal ha emitido una sentencia de conformidad con la pena de cárcel, con lo que se les ha puesto en libertad porque no pueden permanecer en prisión provisional más de la mitad del tiempo de la condena.
SIN PRONUNCIAMIENTO AUN
Sin embargo, según precisan fuentes judiciales, la sentencia todavía no es firme y será en ese momento cuando la sección primera de la Audiencia de Cantabria se pronuncie sobre el asunto de su expulsión.
De esta forma, el juicio, que estaba previsto que se prolongase a lo largo de toda la próxima semana, se ha resuelto en una sesión.
Los cuatro acusados, de origen albanés, se enfrentaban a una petición de pena de cárcel de cinco años por parte de la Fiscalía por integrar un grupo criminal dedicado a robar en viviendas habitadas.
Para dos de ellos, el ministerio fiscal pedía, además, un año y medio de cárcel y una multa de 3.600 euros por falsear su documento de identidad, aunque la pena ha quedado reducida a seis meses de prisión y una multa de 900 euros, con lo que la condena definitiva para estos es de dos años y medio de cárcel.
Los cuatro están acusados de llevar a cabo hasta diez robos en viviendas, cinco de ellos en Cantabria, en los municipios de Santa Cruz de Bezana, Requejada-Polanco y Boo de Piélagos, y el resto en localidades del País Vasco y Navarra.
ALAVA, CENTRO DE OPERACIONES
Según el escrito del ministerio público, durante el mes de febrero de 2020 se establecieron en una casa rural en Álava desde donde se trasladaban a las localidades donde perpetraban los robos “estando todos de acuerdo en las acciones y en la intención de obtener un beneficio económico ilícito”.
En el registro realizado en la vivienda donde se alojaban “se encontraron sesenta evidencias relacionadas con los hechos, muchas de ellas, efectos y dinero de varios de los domicilios asaltados”.
También se hallaron documentos de identidad falsos de los de los acusados, que habían sido elaborados “de propia mano o a orden de los acusados”, se explica en el escrito de acusación. EFE
Una vez queden libres en la calle, a ver lo que tardan en dar el próximo golpe, que no será precisamente en los domicilios de quienes los han soltado. A estos y a todos los delincuentes profesionales foráneos, una vez que se les detiene, hay que devolverlos inmediatamente a sus respectivos países de origen porque una vez libres aquí, vuelven a las andadas al día siguiente. En este país sale muy barato, poco más de un tirón de orejas, ser chorizo reincidente.
En este país nos toman por idiotas.
Q los expulsen a su país sin dudarlo
Una muestra más del cretinismo general y particular del país que heredé de mis padres y que mis nietos no heredarán, conpandemia y sinpandemia. Que sólo se arregla con un meteorito como el que dicen acabó con los dinosaurios.
Sinceramente lo del «arraigo familiar» es una tomadura de pelo y debería desaparecer. Es decir, como tengo arraigo familiar puedo cometer todos los delitos en un país que me es ajeno y no ser expulsado. Toda una carga social y económica de gente que no ayuda al progreso de una comunidad y se permite el lujo de actuar contra ella.
En este país somos idiotas.
Y lo malo es que no tiene visos de que vayamos a espabilar.
Evidentemente no serán expulsados y el mamoneo social vitalicio vasco será la justificación para seguir usando nuestra ciudad como base para sus operaciones delictivas.
Jueces, fiscales, gobernantes,mandos en plaza, políticos etc…etc. .son de risa para los delincuentes…