El incremento retributivo para el personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023, fijado en el 2,5 %, se abonará en las nóminas de este mes de febrero con carácter retroactivo al 1 de enero.
El Consejo de Gobierno Vasco ha autorizado este martes esta subida salarial que es fijada anualmente por el Ejecutivo español, que es vinculante para todas las administraciones públicas del país.
A lo largo de este año el Gobierno central podría aumentar las retribuciones hasta otro punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal.
El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha recordado que esta subida tiene un coste estimado de alrededor de 103,6 millones, cantidad que ya está consignada en los presupuestos autonómicos de este año.
La subida afecta al personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General, además de a los trabajadores de organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades, fundaciones y consorcios públicos.
El incremento salarial se aplicará a la totalidad de los conceptos retributivos vigentes.
ELA: Los empleados públicos pierden un 20 % de poder adquisitivo desde 2010
El sindicato ELA ha criticado que con el aumento retributivo para el personal del sector público de Euskadi para 2023, fijado en el 2,5 %, los empleados públicos vascos perderán de nuevo poder adquisitivo, una caída que el sindicato ha calculado en más de un 20 % desde 2010.
El Consejo de Gobierno Vasco ha autorizado este martes esta subida salarial que es fijada anualmente por el Ejecutivo español, que es vinculante para todas las administraciones públicas del país. A lo largo de este año el Gobierno central podría aumentar las retribuciones hasta otro punto adicional.
En un comunicado, ELA ha recordado que el IPC de 2022 ha sido del 5,7 % y en enero está en el 5,8 %, con lo que la pérdida del poder adquisitivo de la plantilla será de un 3,2 %.
Para ELA, la propuesta deja en evidencia que el Gobierno Vasco funciona «como la patronal más neoliberal, ya que además de apostar por el empobrecimiento de su plantilla con una pérdida del 20 % en la última década, mantiene una temporalidad superior al 40 %, el doble que en el sector privado».
