(EFE).- La Diputación de Álava no pide de momento una indemnización en el llamado «caso de Miguel», en el que están imputadas 26 personas, entre ellas exdirigentes del PNV, al no haberse probado hasta ahora que en este presunto caso de corrupción haya habido perjuicio económico para la institución foral.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha detallado que en el escrito que ha presentado la letrada de la institución se defiende mantener la personación en este caso, a pesar de que la Diputación no puede ejercer la acusación.
González ha aclarado que la Diputación se encuentra a la espera de «pruebas y del resultado de la vista oral» por esta supuesta la trama para el cobro de comisiones ilegales que, según la Fiscalía, estaba liderada por Alfredo De Miguel, ex número dos del PNV alavés.
El diputado general ha recalcado que la Diputación está personada como «actor civil» y no como acusación particular por decisión del juez instructor, Roberto Ramos.
Además, ha recordado que en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal «no entiende que la Diputación haya sufrido ningún perjuicio» y no ha pedido «ninguna indemnización» a favor del ente foral.
La Diputación, según Ramiro González, pretende la «defensa del interés público» al buscar mantenerse personada en el procedimiento y está a la espera de «las pruebas que se practiquen y del resultado de la propia vista oral», aunque «no tiene capacidad jurídica para formular acusación», ni puede pedir «penas» de cárcel, ha recalcado.
El Gobierno Vasco por su parte, también personado en esta causa, ha reclamado una indemnización de 221.770 euros por el perjuicio que la actuación de siete de los acusados causó a las arcas vascas, aunque no ha reclamado penas de cárcel.
La Fiscalía, por contra, ha solicitado 458 años de cárcel, multas que suman 63 millones de euros y otros 120 millones en fianzas para los 26 procesados, a los que acusa de delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y la falsificación de documentos mercantiles, entre otros.
