EFE).- La condena impuesta por el Tribunal de Cuentas al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha encendido el enfrentamiento entre este partido y el PNV, y ha provocado las críticas del resto de formaciones hacia los dirigentes populares vascos.
Desde que el pasado viernes el Tribunal de Cuentas condenara a Alonso, Maroto y a los otros siete miembros del equipo de gobierno municipal de Vitoria entre 2003 y 2007 a pagar cerca de 400.000 euros por haber firmado un alquilar gravoso para las arcas municipales, el cruce de acusaciones entre el PP y el PNV ha ido subiendo de tono.
Alonso ha acusado hoy al PNV de «jugar a la confusión» y de querer utilizar esta condena porque «tiene serios problemas de corrupción», en referencia a la investigación judicial del presunto caso de cohecho en el que están imputadas 26 personas, entre ellas destacados exdirigentes del Partido Nacionalista, como el ex número dos de esta formación en Álava, Alfredo de Miguel.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que el PP defina el llamado «caso de Miguel» como el mayor sumario de corrupción instruido hasta ahora en Euskadi cuando «el quebranto a las arcas públicas» de ese caso es «la mitad de la cantidad que ha malversado Javier Maroto en Vitoria».
A juicio de Esteban, la condena impuesta al gobierno municipal del PP de entonces evidencia «por lo menos una nefasta gestión del dinero público» y requiere de una explicación si los dirigentes populares «pretenden evitar que otros piensen que detrás de ese caso hubo corrupción».
El ministro de Sanidad en funciones y exalcalde de Vitoria le ha respondido que el PNV tiene «tantos problemas de corrupción en Álava que ha entrado en histeria» y trata de «tapar sus vergüenzas» atacando al PP, lo que «dificulta extraordinariamente» el diálogo entre ambos partidos.
Alonso ha recordado que hace un mes tendió su mano al lehendakari, Iñigo Urkullu para generar un «espacio de encuentro», pero desde entonces no hacen más que «morderle».
Ha reiterado que los condenados recurrirán el fallo del Tribunal de Cuentas y se ha mostrado convencido de que el equipo municipal que presidía actuó «correctamente» en defensa del «interés general» de Vitoria.
Tras este rifirrafe, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha opinado que el presidente de los populares vascos quiere entrar en el juego político buscando un «cuerpo a cuerpo con el PNV», pero no lo va a encontrar, al menos con él.
Ortuzar ha abogado por «enfriar los ánimos» porque «la política de espectáculo con tintes barriobajeros no conduce a nada» y ha dicho tener la sensación de que «Alonso quiere buscar notoriedad» porque el PP se ve «fuera de los circuitos políticos».
Ante este choque entre ambas formaciones, EH Bildu de Vitoria ha rechazado las palabras de Maroto, quien dijo que el del alquiler de San Antonio no era un caso de corrupción, y se ha preguntado «cómo se describe popularmente quitar en 10 años más de 400.000 euros y dárselos a un amigo», en referencia al empresario Gonzalo Antón que alquiló esos locales.
Por ello, la coalición abertzale pide que se anule el contrato de alquiler aún vigente ya que de lo contrario supondría un perjuicio añadido de 450.000 euros desde 2013 hasta 2027 cuando concluye el arrendamiento.
También el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, ha entrado en el cruce de acusaciones de corrupción entre el PNV y el PP y ha opinado que Maroto y Alonso «no están para dar lecciones a nadie».
El portavoz del UPyD, Gorka Maneiro, también ha exigido a ambos que reconozcan el «perjuicio causado», dejen de «desviar la atención» arremetiendo contra el PNV, asuman su responsabilidad política y pidan perdón a los vitorianos.
