EFE).- La Fiscalía de Álava ha pedido 8 años de cárcel para cada uno de los cuatro miembros de una banda que supuestamente llegó a cobrar 469.295 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) utilizando documentación falsificada.
El Ministerio Público relata que los cuatro acusados, de nacionalidad paquistaní, «urdieron» entre 2013 y 2015 junto a otras personas de igual nacionalidad que no han podido ser localizadas y otros tres más que han reconocido los hechos, una «estrategia delictiva con el fin de obtener de modo fraudulento ayudas públicas».
Los cuatro procesados están en prisión provisional desde el pasado febrero de 2015 cuando fueron detenidos por la Ertzaintza en una operación que se inició en enero de ese año y se completó en mayo con arrestos en Vitoria y Ordizia (Gipuzkoa).
El escrito del Fiscal indica que los acusados, unidos entre sí por vínculos familiares, geográficos y culturales, conocían los requisitos exigidos por Lanbide para obtener la RGI y la PCV y que «idearon la forma de engañar a este servicio público para percibir ilícitamente» estas ayudas.
Para ello crearon identidades ficticias y falsificaron la documentación pública u oficial exigida con el objeto de acreditar el empadronamiento de tres años en Euskadi exigido. Así en cada una de las solicitudes de la RGI, los procesados presentaban en Lanbide una identidad creada al efecto y certificados de empadronamiento «absolutamente falsos» de diversas localidades vascas.
Además como cada solicitud de RGI o PCV iba ligada a una única identidad, confeccionaron pasaportes falsos de Pakistán con sus fotografías y abrieron cuentas bancarias a nombre de esas identidades falsas. En las solicitudes aportaban también contratos falsificados de alquiler de vivienda, de subarriendo de habitaciones y autorizaciones para ello.
La Fiscalía añade que en la vivienda en Vitoria de uno dos procesados que ha reconocido los hechos se localizaron útiles para elaborar toda esa documentación falsa, así como libretas manuscritas con anotaciones de «muchas de las identidades falsas utilizadas, libretas de ahorro a nombre de esas filiaciones simuladas, varios pasaportes correspondientes a esas identidades creadas y expedientes completos de RGI a nombre de las mismas».
En el escrito de acusación se afirma que la totalidad de los acusados formaban parte de este «grupo criminal» que según un informe policial defraudó un total de 469.295 euros.
El Ministerio Público asegura que los hechos constituyen un delito de pertenencia a grupo criminal, otro continuado de falsedad en documento público u oficial y otro continuado de estafa agravada.
Además de la pena de cárcel, que la acusación pública solicita que sea sustituida por expulsión de España por diez años, también pide que se les imponga una multa de 3.600 euros, además de un abonar una indemnización de 180.330 euros a Lanbide en concepto de responsabilidad civil.
El juicio por estos hechos tendrá lugar la semana que viene en la Audiencia Provincial de Álava. En el banquillo de los acusados podría estar una quinta persona, ya que según han indicado fuentes jurídicas, uno de los procesados que había reconocido los hechos y para que el que se había formulado un escrito de acusación de conformidad se ha retractado.
