Los concejales de EH Bildu en la localidad alavesa de Laguardia han elevado un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava en el que piden que se investiguen dos posibles delitos cometidos por el alcalde de este munipio, el jeltzale Raúl García.
Este municipio cabecera de la comarca de Rioja Alavesa está gobernado por el PNV, gracias al apoyo que le dió la coalición abertzale para arrebatarle la Alcaldía al PP, que fue el partido que ganó aunque sin mayoría absoluta en este pueblo en las últimas elecciones municipales.
En el escrito oublicado por el Diario.es y al que ha tenido acceso EFE los ediles de EH Bildu relatan que a lo largo de esta legislatura se están produciendo actuaciones del alcalde y de su equipo de gobierno «que están fuera de la legalidad y pudieran llegar a ser delictivas» y se centran en dos que consideran «especialmente graves».
En concreto, consideran que el alcalde ha comenzado a participar como representante del Consistorio en las reuniones de la Asociación de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa sin haber sido designado para ello por el pleno.
Explican que apercibido por ello por los propios servicios técnicos de esta asociación el primer edil presentó un certificado en el que «da a entender» que sí fue nombrado por el pleno cuando, según EH Bildu, «no es cierto».
En este sentido, señalan que este certificado no está firmado por la secretaria interina de la institución sino por su sustituto durante sus vacaciones.
«Todo hace indicar que el alcalde esperó a que nuestra secretaria se tomase unas vacaciones para encargar a su sustituto recién incorporado la redacción del cerificado en el que se vienen a atesorar decisiones del pleno que no se produjeron, faltando a la verdad de lo ocurrido y de lo decidido por el pleno», detalla el escrito.
En segundo lugar, los ediles de EH Bildu señalan una «contratación fraudulenta» que también se habría llevado a cabo «aprovechando la ausencia de la secretaria» quien, según indican, «ya había apercibido» con anterioridad de su «imposibilidad legal».
En concreto, se refieren a pago «sin expediente ni contrato» del refuerzo de verano de la Oficina de Turismo a través de dos contrataciones de 2.597 y 2.552,48 euros, respectivamente.
Los concejales de la coalición soberanista adjuntan un informe de fiscalizacion en el que se indica que «no consta la existencia de contrato, adjudicacion, propuesta de gasto, fiscalización previa ni procedimiento de contratación algno, ni siquiera en la modalidad de contrato menor».
Por todo ello, el interventor suscribe una «fórmula de reparo suspensivo» al reconocimiento de la obligación y al pago de las facturas correspondientes y apunta la necesidad de que haya un acuerdo plenario para regularizarlo mediante el «reconocimiento extrajudicial de crédito». EFE
