La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado eximir de las mesas electorales a los electores que hayan contratado sus vacaciones antes del 30 de mayo..
Fecha en la que se convocaron oficialmente las elecciones generales de julio, y siempre que la cancelación suponga un perjuicio económico o un trastorno grave.
Al tiempo que ha endurecido los requisitos para votar por correo. Exige DNI. La Junta Electoral Central (JEC) ha aprobado una instrucción que exige que todos los electores que voten por correo se identifiquen con el DNI o con un documento análogo en el momento de enviar la papeleta y depositar el voto.
INFORMACION PREVIA del martes: Euskadi: Las vacaciones podrían evitar ir a mesa electoral
La Junta Electoral Central se va a reunir para «fijar unos criterios que luego sean seguidos y aplicados por las Juntas Electorales de zona» respecto a posibles exoneraciones de la obligación de participar en una mesa electoral el 23J, ha adelantado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana.
En una entrevista en Radio Euskadi, como presidente de la Junta Electoral de Euskadi, Subijana ha considerado «importante» fijar «criterios homogéneos y uniformes» en todo el Estado respecto a posibles exoneraciones de quienes les haya tocado participar en una mesa electoral el 23 de julio.
Ha expuesto que se trata de fijar «un criterio legal de excusa, fundado en las circunstancias excepcionales que permitan justificar la exoneración del deber de formar parte de la mesa electoral», ante «casos concretos» en aras a «evitar la sensación de desconfianza» por aplicaciones diferentes según territorios.
Ha constatado que hay criterios «interpretables» que se deben valorar y tienen que ver «con la concurrencia de circunstancias personales excepcionales, de conciliación y, en este caso, también vacacionales».
VACACIONES
Así, si las vacaciones estuvieran «contratadas» y hubieran generado un gasto, antes de «la situación no prevista» de la convocatoria electoral:
- «entre el deber de cumplimiento de formar parte de mesa electoral
- y la incidencia que tiene eso en el contexto personal y familiar…
tiene más fuerza este segundo aspecto y, por tanto, puede exonerar», ha opinado.
Respecto al resultado de esas elecciones, a la Justicia vasca «le puede inquietar que pueda haber un rediseño de la planta judicial que responda a la necesidad de la justicia en Euskadi y el cumplimiento de los pactos colaborativos con el Gobierno Vasco», ha indicado.
DELITOS SEXUALES
Por otra parte, Subijana ha valorado que el Tribunal Supremo estudie fijar los criterios de revisión de las condenas por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley del ‘solo sí es sí’ ya que «creará seguridad jurídica» al contar «con un criterio único» al respecto y terminará con «la incertidumbre normativa» provocada por «los diferentes criterios de interpretación en las revisiones de sentencias firmes».
En Euskadi ha habido hasta principios de mayo 144 procedimientos de revisión, de los cuales 62 han terminado con revisiones y ocho con excarcelaciones.
«Se puede decir que la justicia va a crear seguridad jurídica donde las disposiciones normativas han creado marco de incertidumbres normativas», ha sentenciado.
HUELGAS
Sobre las recientes huelgas en la Administración de Justicia, el presidente del TSJPV ha considerado que «se ha cerrado el ciclo» de movilizaciones y «ahora hay que hacer un diagnóstico de nivel de incidencia que la huelga de letrados inicialmente y que la de funcionarios posteriormente ha generado en el funcionamiento de la justicia».
Se intentará hacer «un diagnóstico lo más aproximado posible» en Euskadi, para proponer en septiembre «a quien corresponda las medidas de apoyo y de refuerzo necesarias para poder solventar esta situación», como el refuerzo de oficina judicial.
ASESINATO DE VITORIA
Sobre la protección de las víctimas de violencia de género tras el último crimen en Vitoria, donde el presunto asesino se saltó la orden de alejamiento con permiso de la víctima, Subijana ha instado a «tomar varias lecciones y lo primero es admitir que la gestión del riesgo victimal es un tema complejo».
Así ha plantado estudiar «si hay una valoración inicial de riesgo extremo, si procede o no hacer una nueva valoración; si procede, si el criterio tiene que ser el consentimiento de la víctima en un contexto de denominación violento, y en tercer lugar, en el caso de que haya esa modificación del riesgo, si procede o no la puesta en conocimiento de la Fiscalía y de la Judicatura de esa modificación y pueda también adecuar el marco de protección».
Ha considerado «razonable» la posibilidad de detener a hombres que vulneren órdenes de protección, como plantó la Fiscalía de Álava, «pero lo más importante es respetar el marco de protección de la víctima».
Si no se respeta, ha añadido, «que se plantee la posible reevaluación» para establecer «un marco más restrictivo con controles telemáticos y policiales más exhaustivos o incluso en los casos más extremos y con respeto siempre al principio del proporcionalidad, plantearse una posible prisión provisional». EFE
