El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha revelado que la Administración General de Euskadi hizo en 2018 gastos por 43,3 millones de euros, que fueron convalidados por el Consejo de Gobierno a pesar de que había un informe negativo de la Oficina de Control Económico porque se habían hecho sin tramitar el oportuno expediente contractual.
Este es el principal incumplimiento de la legalidad que recoge el Informe de Fiscalización de la cuenta de la Administración General del País Vasco correspondiente a 2018, cuando también se detectó que otros contratos de menor cuantía incumplieron la legalidad.
Concretamente, el Tribunal recuerda que los Consejos de Gobierno del 12 de junio de 2018 y del 11 de junio de 2019, mediante un procedimiento excepcional, validaron unos gastos de 43,3 millones pese a que la Oficina de Control Económico había «informado negativamente».
Esos gastos correspondían a 58 contratos de servicios por 21,4 millones de euros, 8 contratos de gestión de servicios públicos por 19,1 millones de euros, 8 contratos de suministros por 2,1 millones de euros, 2 contratos de obra por 540.267 euros y a un expediente de subvenciones por 206.025 de euros.
Los principales incumplimientos consistieron en hacer dichas «prestaciones sin tramitar el oportuno expediente contractual y sin observar los principios de publicidad y concurrencia», señala el TVCP.
Otra de las irregularidades se detectó en el expediente de «Estabilización del morro sur de la bocana del puerto de Donostia», adjudicado por 819.612 euros, que se tramitó por el procedimiento excepcional de emergencia, sin que quedara justificado el uso de esta tramitación urgente
También el contrato para el servicio integral de mediación familiar en los tres territorios, adjudicado por 1,5 millones, se licitó sin garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia, al no publicarse en el Diario Oficial de la UE y establecer un plazo de presentación de ofertas de 13 días, cuando debió ser de 52.
El Tribunal Vasco de Cuentas señala que salvo estas excepciones, la Administración cumplió «razonablemente, en el ejercicio 2018, la normativa legal que regula su actividad económico-financiera». EFE
Es que son «errores subsanables». No como mis errores, que sólo se subsanan pagando con recargo.