El Parlamento Vasco ha aprobado la proposición de ley que facilita la gestión autonómica del pago del bono social térmico, que complementa la ayuda de los beneficiarios del bono social eléctrico a las familias más vulnerables.

El texto presentado por PNV y PSE-EE se ha tramitado por el procedimiento de lectura única y ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo de Vox, que se ha opuesto.

La nueva normativa obliga a las comercializadoras energéticas a remitir al Gobierno Vasco la lista de beneficiarios del bono social eléctrico, en lugar de hacerlo a la Administración General del Estado, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional al atender parcialmente un recurso interpuesto por la institución autonómica.

El bono social térmico es una ayuda directa para el pago por parte de las familias más vulnerables de los gastos de calefacción, agua caliente y cocina. Se incluye en un real decreto de 2018 y se financia a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque su abono corresponde a las comunidades autónomas.

Pueden recibirlo los beneficiarios del bono social eléctrico. El decreto ley establecía que las comercializadoras de energía debían remitir los datos de los beneficiarios del bono social eléctrico a la Administración General del Estado para su gestión, pero el Gobierno Vasco recurrió este punto al considerar que es una competencia autonómica y el Tribunal Constitucional le dio la razón.

Con la ley aprobada este jueves estas empresas están obligadas a enviar estos datos a la administración vasca para que esta gestione y abone estas ayudas.

Todos los grupos han avalado esta iniciativa salvo Vox, que discrepa de que para esta gestión además de datos como el nombre, el domicilio, el grado de vulnerabilidad y datos de la cuenta bancaria, se pida también el correo electrónico y el teléfono. EFE



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