El Gobierno Vasco gestionará a partir del 1 de enero las funciones y servicios en materia de inmigración para personas con protección internacional o asilo en la fase de autonomía, es decir, en la que se les presta apoyo para su integración social.
Esta transferencia, que se acordó con el Ejecutivo central el pasado febrero, no se refiere a los procedimientos de asilo, que seguirán siendo gestionados por el Estado, ni tampoco a la gestión de los centros de acogida a refugiados.
La nueva competencia se refiere a los itinerarios de integración social de los inmigrantes una vez que el Gobierno español ha reconocido a estos su protección internacional.
La fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional tiene una duración máxima de seis meses. Durante este periodo de tiempo se les da apoyo para acceder a la formación para el empleo, se les acompaña en la búsqueda de vivienda y se les facilitan actividades de inserción.
Todo ello se hará en colaboración con cinco entidades del tercer sector con amplia experiencia en la materia: Cruz Roja, Movimiento por la Paz (MPDL), Cear, Nueva Vida y la fundación San Juan de Dios, según ha informado este lunes el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
El Gobierno Vasco ha previsto diferentes partidas presupuestarias para desarrollar estas políticas por un total de 2,4 millones de euros, que es la valoración económica que en su momento se hizo de la transferencia.
Esa nueva competencia permitirá «reforzar el modelo vasco de acogida» que ya ofrece servicios a la población de origen extranjero para su acompañamiento en los procesos de integración.
En noviembre de 2024 había en el sistema de acogida dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones 49 unidades de convivencia en Euskadi, formadas por 121 personas.
El Ejecutivo autonómico considera difícil hacer una previsión de atención, pero apunta a que dará servicio a «entre 150 y 300 personas en un primer escenario». EFE
