El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha pedido al Juzgado de Guardia que investigue si los trabajadores de la prisión alavesa de Zaballa están llevando a cabo una «huelga encubierta» ante el incremento de bajas por incapacidad temporal que están provocando que se suspendan servicios básicos en este centro penitenciario.
El Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos ha informado a través de un comunicado de esta decisión judicial recogida en un auto del citado juzgado de Bilbao, en el que se recogen diversos informes llevados a cabo por el director del centro alavés que dan cuenta de la «carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas».
Esta falta de personal ha supuesto el cierre de varios servicios, el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y sus abogados.
Esta petición judicial se conoce después de que hoy el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, haya advertido al Gobierno Vasco de que el sistema penitenciario en Euskadi puede ir a la «quiebra» como continúe con su actual gestión, que mantiene a las tres cárceles vascas en un «absoluto caos».
El director de Zaballa remitió estos informes a instancias del juzgado, en los que también señala que la falta de personal no responde a ninguna convocatoria de huelga, pero «sí a una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales».
Bajas continuadas y masivas
A esta situación, según el departamento vasco, se suma que a lo largo del mes de diciembre se ha producido un incremento de las incapacidades laborales, «continuadas y masivas», hasta 73 trabajadores desde el 4 de diciembre, lo que ha obligado al centro a adoptar medidas provisionales de suspensión de permisos y realización de horas extras, según lo previsto en el Reglamento Penitenciario.
En la información enviada al juzgado el director de la prisión alavesa precisa que estas medidas laborales han buscado siempre «priorizar la cobertura de los servicios orientados a garantizar la seguridad de las personas, conforme a unos parámetros» para cubrir al menos las necesidades mínimas.
El departamento ha informado de que en su auto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria considera que la situación es «preocupante, insostenible, intolerable y alarmante» y que concurren «todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta».
Esta posibilidad, añade el juzgado, «ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa», a la que se le está «imposibilitando la formación y educación, acudir a talleres y a mantener contacto con el exterior».
Además, el Juzgado califica de «encomiable, responsable y solidario» el comportamiento de los funcionarios que continúan acudiendo a su puesto de trabajo, pero advierte de que es «insostenible en el tiempo».
El Juzgado pide medidas urgentes
Por ello, ante la «urgencia y gravedad de la situación, insta en primer lugar a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco a que «de modo inmediato adopte medidas urgentes», decisión que el departamento recuerda que ya se había puesto en marcha con la activación de las bolsas de trabajo.
De hecho ya se ha puesto en marcha la incorporación inmediata de 32 trabajadores de las bolsas de trabajo en la prisión de Zaballa, según han informado a EFE fuentes del departamento.
Además, el juzgado emplaza a la Dirección de Justicia a que también de modo urgente estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que, de forma consecutiva, continuada y colectiva,presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes».
La Dirección de Justicia estudia ya esas medidas de carácter disciplinario «con plena salvaguarda del derecho a la salud de las personas trabajadoras».
El departamento dirigido por María Jesús San José ha recordado que esta situación, «inédita hasta ahora», coincide con un momento de negociación colectiva, derivada de la decisión de aprobar una RPT, la primera tras tres años desde la transferencia.
Esta RPT amplía la plantilla en 260 personas para dar solución a la acumulación de horas extras y falta de personal. Este proceso coincide en el tiempo con un concurso de traslados convocado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que se habrían apuntado 195 personas que deben tomar una decisión definitiva en las próximas semanas sobre su salida de Euskadi.
El departamento insiste en que la negociación sigue abierta y con plena voluntad de acuerdo, con propuestas económicas concretas para mejorar los complementos de quienes realizan tareas de especial penosidad. EFE
Pues eso que están haciendo los funcionarios ultimamente es una estafa al sistema sanitario y a los ciudadanos.
tanta culpa como ellos, tienen los médicos que les dan la baja…¿No cree?
Luego, llegará alguien que realmente esta enfermo y le mandarán a trabajar, si fuera Osakidetza y detecto que un medico da una baja sin merecerla, le mando a la calle al día siguiente, sin mas, es un fraude de libro.
Teniendo en cuenta que muchos diagnósticos se hacen a través de una llamada telefónica…
En el caso de la Policía Local tampoco me parece justificable pero ellos no tienen derecho a huelga convencional. En el caso de los funcionarios de prisiones sí lo tienen, pero parece ser que no les seduce la idea de palmar pasta en una huelga y prefieren cometer este fraude…