(EFE).- El Parlamento Vasco debate el jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley de Consultas registrada por EH Bildu que, previsiblemente, seguirá su tramitación en la Cámara al contar con el aval del Gobierno autonómico para continuar su curso parlamentario.
El primer pleno ordinario del año se iniciará el jueves con la Proposición de Ley para el Empoderamiento de la Ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, conocido como ley de consultas, la respuesta de la coalición abertzale al «frente del ‘no’ y de la imposición que se está formando en Madrid».
Previsiblemente, el PNV avalará la toma en consideración de este texto, ya que el Gobierno Vasco considera positivo que los partidos debatan sobre la regulación de la democracia directa, criterio que posibilitará que la propuesta prosiga con su tramitación a la Cámara.
Aunque para el Ejecutivo vasco la iniciativa contiene «deficiencias» desde el punto de vista de su adecuación al ordenamiento jurídico, a su juicio, éstas «podrán ser puestas de manifiesto a lo largo de su tramitación parlamentaria».
A través de 59 artículos, el texto de EH Bildu regula consultas populares de ámbito autonómico, foral y local, que pueden convocarse por iniciativa institucional o ciudadana.
Establece la mayoría de edad para participar en estos procesos en los 16 años y plantea la creación de un Registro de Participación en Consultas Populares, en el que se incluya a todas las personas que puedan ser llamadas a participar en las mismas.
Las «preguntas, pregunta o propuesta» de las consultas deben ser formuladas de «manera neutra, clara e inequívoca» y en ningún caso podrían convocarse consultas que «afecten, limiten o restrinjan» la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La proposición contempla crear una Comisión de Control como principal órgano que vele por que estos procesos se ajusten a los principios establecidos en la ley.
Para EH Bildu, esta propuesta es un «paraguas legal» para el derecho a decidir del País Vasco. Aunque su contenido sería de aplicación sólo para Euskadi, recoge una disposición adicional en la que se señala que «en la medida que el derecho a decidir es la actualización de los derechos históricos del pueblo vasco, a la hora de obtener y materializar esa competencia, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad foral, si así lo decidiese la ciudadanía de cada una de ellas, actuarían conjuntamente alcanzando para ello los acuerdos que fueran necesarios».
En otra de sus disposiciones señala que la Comunidad Autónoma Vasca «recabará el reconocimiento por parte del Estado de la capacidad de decisión que le corresponde como pueblo».


