Gobierno Vasco Vitoria-Gasteiz

El Gobierno Vasco elaborará unos presupuestos para 2023 que serán «sustancialmente» superiores a los de este año, pero manteniendo las cuentas «saneadas», sin aumentar el gasto corriente estructural por un previsible incremento de los ingresos.

El Consejo del Ejecutivo de Vitoria ha aprobado este martes las directrices presupuestarias para 2023 que han sido presentadas por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y que mantiene las previsiones macroeconómicas para este año y el próximo.

Estas directrices se han elaborado en un contexto de «gran incertidumbre», por lo que con los datos del segundo trimestre de este año el Gobierno Vasco revisará el escenario y será ese el que se tendrá en cuenta para la elaboración definitiva de los presupuestos del próximo año.

Unos presupuestos que, ha adelantado Azpiazu, serán «fuertes, sólidos y capaces de traccionar la economía y el bienestar», y que subirán de manera «considerable» y «sustancial» respecto a los de este ejercicio, manteniendo su carácter «expansivo».

El Gobierno Vasco considera conveniente «dejar posar» los efectos de las sanciones económicas impuestas a Rusia, con lo que la revisión de las previsiones se hará el próximo verano.

El escenario macroeconómico previsto por el Gobierno Vasco se mantiene igual al diseñado el pasado mes de marzo, cuando por las repercusiones de la guerra de Ucrania rebajó las perspectivas de crecimiento de la economía de Euskadi en 2,2 puntos para 2022.

Se mantiene la previsión para este año de un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 4,5 % y que la tasa de paro se situará en el 9,5 %. Para 2023 también se confirman las previsiones de marzo, con un crecimiento del PIB del 4,1 % y una tasa de paro que bajará al 9,1 %.

Azpiazu ha explicado que el ejercicio pasado y el inicio de este han sido periodos de recuperación de la economía mundial tras la pandemia, pese a que esta evolución se ha visto trastocada por la invasión rusa de Ucrania.

De hecho el crecimiento de la economía vasca entre enero y marzo fue del 5,7 %, una décima por encima con el que se cerró el año pasado.

De cara al segundo trimestre, el consejero ha avanzado que los datos disponibles hasta el momento no hacen pensar que el ritmo de crecimiento se esté frenando de forma «acusada», por lo que la tasa de crecimiento estará «en línea con lo previsto en el escenario macroeconómico».

Según las últimas estimaciones del Gobierno este segundo trimestre del año el PIB podría crecer en términos interanuales el 4 %.

Ha destacado que la buena evolución de la actividad económica se aprecia especialmente en el mercado de trabajo, ya que durante el primer trimestre del año la tasa de paro se ha reducido hasta el 9,1 %, dos puntos por debajo de la existente un año antes.

Aunque no se han acordado para 2023 los objetivos de déficit y deuda, la sostenibilidad financiera y presupuestaria son valores que «se deben preservar, máxime teniendo en cuenta que en un futuro inmediato volverán a estar vigentes las reglas de sostenibilidad financiera».

«En los momentos de crecimiento económico, el Gobierno debe esforzarse en mantener saneadas las cuentas públicas», ha explicado Azpiazu, quien ha insistido en que el objetivo «no es otro que, sin renunciar a la apuesta por la inversión que Euskadi necesita para apoyar el gran desafío de la digitalización y de la transición energético-climática, poder atender las necesidades sociales en los momentos de crisis que se suceden con gran rapidez y de forma imprevista».

«No es conveniente emplear los incrementos de ingresos públicos, ni el potencial de endeudamiento que tienen naturaleza coyuntural y están ligados al crecimiento de la economía, para incrementar el gasto público corriente de carácter estructural», ha subrayado.

Para el consejero, esta idea resulta «más evidente, si cabe, en los momentos actuales de clara presión inflacionista en la que los ingresos públicos se alimentan no solo del crecimiento real de la economía, sino también del crecimiento nominal de los precios y de las rentas».

En este sentido, ha concluido que «los elementos que están alterando las cifras de ingresos públicos y que tienen motivos pasajeros (en referencia a la inflación) no pueden suponer la base de cálculo para incrementar el gasto público, porque sería una temeridad». EFE



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