La tasa de reincidencia de los menores infractores ha bajado del 13 al 11 % en cinco años en el País Vasco, donde el perfil de estos jóvenes se corresponde con el de varones de 16 y 17 años mayoritariamente nacidos en Euskadi, aunque el 28 % proceden de otros países.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria la evaluación del V Plan de Justicia Juvenil 2020-2024 y ha adelantado las principales líneas del siguiente plan, que hará hincapié en la prevención.
Durante el periodo evaluado se han contabilizado 11.751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9.784 son delitos como hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género y 1.967 delitos leves.
Desembocaron en la aplicación de 3.611 medidas, entre las que destacan la libertad vigilada, los internamientos y las prestaciones en beneficio de la comunidad. Asimismo, se dictaron 2.738 sentencias condenatorias frente a 222 absolutorias.
Para la consejera, estos datos reflejan que el plan ha cumplido con su objetivo de «asegurar la ejecución eficaz de las resoluciones judiciales» con medidas aplicadas de «manera proporcional y ajustada a las necesidades de cada menor».
Una única infracción mayoritariamente
El perfil responde a varones de 16 y 17 años, que han cometido su primer hecho delictivo, y con predominio de nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca, aunque la proporción de infractores procedentes de otros países llega al 28 %, superior al 20 % de media en España.
La consejera ha precisado que este porcentaje es mayor en Euskadi porque se trata de una comunidad que tiene mejor capacidad de acogida y de inserción, lo que hace que lleguen más menores, que además lo hacen sin red familiar de apoyo y con «trayectorias muy duras».
«Misma protección, mismos derechos, y mismas obligaciones para todos nazcan donde nazcan», ha reivindicado San José, quien ha insistido en destacar la necesidad de reforzar las medidas de inclusión.
Ante las preguntas de PP y Vox por este porcentaje, el director de Justicia, José María Bastos, ha dejado claro que «está relacionado con la exclusión social y no con la nacionalidad» porque «nadie delinque por ser de un país sino por una serie de factores socioeconómicos».
La consejera ha agregado que la mayoría de los menores que llegan al sistema de justicia juvenil comete una única infracción y que el índice de reincidencia ha bajado del 13 % con el que acabó el anterior plan al 11 %, lo que supone que «las medidas funcionan».
Respuestas «adaptadas y flexibles»
Mayoritariamente estos menores tienen que cumplir una sola medida, aunque un porcentaje «significativo» requiere varias intervenciones, lo que evidencia, a juicio de la consejera, «la necesidad de respuestas adaptadas y flexibles».
San José ha asegurado también que en el ámbito educativo el plan ha contribuido a reducir el abandono escolar y a aumentar la participación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Formación Profesional.
De manera complementaria, se han adoptado 2.470 mediaciones enmarcadas en la justicia restaurativa, de las que el 73 % tuvieron un resultado positivo. Estas mediaciones permiten «responsabilizar a los menores, favorecer la reparación del daño a las víctimas y reducir la reincidencia».
Entre los desafíos que persisten, la consejera ha citado el consumo «problemático» de sustancias, los problemas de salud mental, la falta de ocio estructurado y la precariedad familiar de algunos menores. Todo ello requiere, según ha indicado, mantener un enfoque integral que combine prevención, educación y acompañamiento social.
Nuevo plan para nuevos retos
En cuanto al próximo Plan de Justicia Juvenil, que abarcará el periodo 2025-2029, la consejera ha señalado que está diseñado para anticiparse a los retos emergentes en la delincuencia juvenil.
Responde a «tendencias» como el aumento de la demanda de medidas, un leve incremento en el número de chicas infractoras, la presencia «muy relevante» de menores extranjeros, la necesidad de fortalecer la intervención en medio abierto, el avance de los procesos de conciliación y reparación, y la consolidación de la disminución de la reincidencia.
Contempla nuevos retos como la influencia de las tecnologías en la conducta delictiva, los problemas de salud mental, situaciones de vulnerabilidad sociofamiliar y conductas «delictivas relacionadas con la libertad sexual a edades tempranas».
Tendrá como una de sus principales líneas estratégicas la prevención, con especial atención a la detección temprana de factores de riesgo y al refuerzo de la justicia restaurativa. También incidirá en la coodinación interdepartamental e interinstitucional, así como en la revisión de protocolos y en la formación especializada de los profesionales.
En este sentido, San José ha insistido en que los menores llegan al sistema de justicia juvenil «cuando ha fallado todo lo demás». EFE
