Las centrales LAB, UGT, CCOO y ELA han reclamado un convenio digno para el sector vinícola alavés y han advertido de que las «movilizaciones se irán incrementando» si las negociaciones con la patronal SEA no van en esa dirección.

Representantes de estos sindicatos se han concentrado ante la Diputación de Álava tras una pancarta en la que se podía leer «Vinícola en lucha, convenio ya», según ha informado UGT en una nota de prensa firmada por las cuatro centrales.

En ella denuncian que alrededor del vino se ha proyectado una imagen «idílica» de «riqueza y fastuosidad» con bodegas de diseño y reconocimiento internacional y nacional de sus caldos, que «se contradice con la realidad que padecen los trabajadores del sector».

Explican que desde diciembre de 2018 llevan trabajando en la mesa negociadora del convenio vinícola de Álava un documento para tres años, 2019-2020-2021, que se tuvo que paralizar en marzo por la pandemia de coronavirus y que se retomó en julio.

Entonces la parte social planteó a la patronal cerrar la negociación con los temas acordados hasta el momento, subida salarial para 2019 del 2 % y establecer los incrementos salariales de 2020 y 2021 después de las vendimias.

Sin embargo los sindicatos han indicado que la respuesta del SEA fue que no podían asumir esa propuesta aludiendo a la crisis «que supuestamente está azotando al sector» y les emplazó a seguir con la negociación.

Las centrales han asegurado que observan que el trabajo no ha disminuido, «sino que ha aumentado, sobre todo en las grandes bodegas» y que cada vez hay «más presión» sobre el trabajador.

Han señalado que el pasado lunes, SEA convocó la mesa de negociación para la próxima semana y, tras reivindicar su derecho a un convenio digno, han insistido en que según cómo transcurra esa reunión «las movilizaciones se irán incrementado».

Álava hará un estudio para conocer el coste real de producción de la uva

La Diputación Foral de Álava elaborará un estudio sobre el coste de la producción de la uva en una explotación tipo medio de Rioja Alavesa en un plazo de cuatro meses para controlar si se paga por debajo del precio establecido.

Así se ha acordado este miércoles por unanimidad en el pleno de las Juntas Generales de Álava que han instado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) al control de los derechos y obligaciones establecidos en la legislación, a sancionar si se incumple la normativa y a incrementar las inspecciones de oficio.

Además, han instado al Gobierno Vasco a que las ayudas a la comercialización que reciban las bodegas tengan en cuenta el porcentaje de uva producido en Rioja Alavesa.

También han pedido que la Diputación, junto con el Gobierno Vasco, asesore y forme a los viticultores para que mejoren los rendimientos económicos, sociales y medioambientales.

Todos los grupos junteros han secundado esta enmienda transaccional tras la iniciativa presentada por EH Bildu, aunque con diferentes matices de opinión.

Así, Eva López de Arroyabe, juntera de la formación abertzale, ha solicitado que las instituciones no den ayudas a las grandes bodegas que no pagan un precio justo por la uva que, ni siquiera, «cubre el precio de producción» e incumple la ley de cadena alimentaria.

«Los que más ayudas se llevan son los que menos cumplen con las condiciones laborales», ha reprochado la juntera de EH Bildu quien ha cifrado entre «0,50 y 0,55 euros» el escaso precio por kilo que se pagan por la uva de la que viven «1.700 familias vitivinicultoras de Rioja Alavesa».

La juntera del PNV Idoia Goiri ha destacado la «necesidad de cubrir los costes de producción» de los agricultores y ha apelado a que no se admitan situaciones coyunturales de mercado que perjudican al más débil.

Goiri ha comentado que las instituciones no pueden «marcar el precio» de un producto ni «investigar contratos privados» y ha instado a que sea la AICA quien inicie procedimientos sancionadores si se vulnera la Ley.

El portavoz del PSE-EE en Juntas Generales de Álava, Jon Nogales, ha coincidido en la importancia de «dignificar y mejorar las condiciones» del sector vitivinícola en Álava y ha abogado por «incorporar las directivas europeas sobre prácticas desleales» dentro de la fase de reforma de la ley de cadena alimentaria para fortalecer la postura de los agricultores y ganaderos.

El juntero del Partido Popular Eloy López de Foronda ha secundado la enmienda, pero le ha pedido al diputado de Agricultura que amplíe el estudio sobre los costes de producción a los cultivos de «remolacha, patata y cereal».

López de Foronda ha cuestionado al Gobierno Foral por los 1,7 millones de euros aprobados dentro del plan de la Diputación para ayudar al sector y que «todavía no se han ejecutado» y ha explicado que el Gobierno de La Rioja sí fija en su página web los precios por kilo de uva.

Por último, el juntero de Elkarrekin Araba Damián García ha dicho votar a favor de la enmienda «por no romper el consenso de la cámara», pero su formación no ha firmado la transaccional al entender que es «floja» y «devalúa» las actuaciones a llevarse a cabo.

García si apoya «condicionar las ayudas públicas a las bodegas» en función de que paguen un precio mayor al coste de producción y ha instado al Gobierno Vasco a que vele por el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. EFE


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