El PNV y el PP han sumado sus votos en el pleno municipal de Vitoria para rechazar una moción que pedía estudiar la posibilidad de asumir el servicio de limpieza de la ciudad en vez de sacarla a concurso, una iniciativa que ha apoyado el PSE, socio de gobierno de los nacionalistas.
Los impulsores de esta propuesta han sido EH Bildu, Podemos e Irabazi, que pedían este estudio para analizar los costes de la gestión municipal frente a una contrata y decidir los pasos futuros en base a esas conclusiones sin antes tomar decisiones sobre el futuro del servicio.
Por su parte, el PSE ha presentado una enmienda, que tampoco ha salido adelante, que apoyaba la realización del estudio pero pedía sacar a concurso una contrata durante 4 años para dar tiempo a que se desarrollase el análisis.
Estas propuestas buscaban anticiparse a la posible renuncia de la actual contrata de limpieza, la UTE formada por FCC y GMSM, que forma verbal ha transmitido su voluntad de renunciar después de que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (Cojua) diese la razón al consistorio en un conflicto en el que la UTE reclamaba un extra de 1,7 millones anuales.
El Gobierno local está a la espera de que esta renuncia se tramite de forma oficial, con un escrito que justifique los motivos económicos que alegaba FCC y que deben remitir a la Cojua para que se pueda resolver el contrato sin que Vitoria deba indemnizar a la empresa.
Durante el debate en el pleno el PNV ha recordado que la gestión pública de la limpieza no garantizaría el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, ya que se debería sacar una OPE, y el PP ha respaldado esta postura en defensa de una gestión externa del servicio.
El conflicto con la actual contrata se abrió a principios de 2017 con la decisión de la empresa de despedir a 8 trabajadores (finalmente fueron 5) ante la necesidad de hacer ajustes económicos por un «desequilibrio financiero» en el servicio.
Los despidos llevaron a la plantilla a convocar una huelga de limpieza, que finalmente se evitó con un pacto con el Ayuntamiento que supuso la readmisión de los trabajadores en agosto.
A cambio se llevó el 13 de diciembre el conflicto a la Cojua, que el 18 de enero resolvió el asunto. EFE
