Con las tres nuevas competencias asumidas este lunes el balance de los casi seis años de presidencia de Pedro Sánchez se ha saldado con la llegada a Euskadi de catorce transferencias, con la de prisiones como la más destacada.
Las tres competencias recibidas este lunes son el servicio ferroviario de Cercanías, la homologación de títulos universitarios y los itinerarios de integración social de los inmigrantes una vez que el Gobierno español ha reconocido a estos su protección internacional.
En junio del 2018, recién elegido Sánchez, el presidente y el lehendakari Urkullu acordaron crear un grupo de trabajo para avanzar en la negociación de las 37 competencias pendientes de transferir a Euskadi, cifra que calculó en 2017 un informe aprobado por el Parlamento vasco.
LAS TRANSFERENCIAS QUE LLEGARON: PRISIONES Y EL INGRESO MÍNIMO VITAL
La realidad es que casi seis años después han llegado catorce materias a Euskadi, la más relevante, la gestión de las tres cárceles vascas: Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia).
El 1 de octubre de 2021 Euskadi comenzó a gestionar las cárceles, un traspaso que fue paralelo al acercamiento a Euskadi de los presos de ETA que estaban dispersos por el resto del Estado.
La otra transferencia destacada, que llegó a Euskadi en 2022, fue la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación para paliar situaciones de pobreza.
Las otras nueve materias que hasta este lunes habían llegado son de importancia menor: primero, en el 2018 y 2019, se traspasaron dos tramos de autopista, los 6 kilómetros de la AP-1 entre Armiñón y el límite con Burgos) y los 77 kilómetros de la AP-68 desde Bilbao hasta que la vía abandona Euskadi por Burgos tras atravesar Bizkaia y Álava.
No se ha notado mucho, ya que la concesión de la AP-68 es privada hasta el año 2026 y la autopista será de pago hasta esa fecha.
Además, llegaron en un paquete dos breves tramos de líneas de tren de mercancías, la Basurto Hospital-Ariz (7km) y la Irauregi-Lutxana-Barakaldo (6km).
En el 2020, se traspasaron tres competencias, la legislación sobre medicamentos; la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por los ERE.
Después, en el 2021, llegaron otras tres, el control del transporte por carretera, la gestión del código bibliográfico ISSN (los registros de autenticidad de las publicaciones) y el edificio del distrito marítimo en el puerto de Ondarroa.
De las tres transferidas este lunes, la más destacada es la de los trenes de cercanías. Son las líneas de Renfe de cercanías de Bilbao (a Santurtzi, Muskiz y Orduña) y la de Irun-Brinkola, aunque el Gobierno Vasco también quería la de Bilbao-Balmaseda de vía estrecha.
También ha llegado la transferencia de la homologación de títulos extranjeros en enseñanzas universitarias. Euskadi quiere agilizar esta convalidación de títulos para combatir la escasez de trabajadores en algunas profesiones como la sanidad.
OTRAS CINCO COMPETENCIAS MENORES A LA ESPERA
Las siguientes que se van a negociar son cinco materias sobre las que el Gobierno Vasco ya ha enviado una propuesta. Son meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, gestión del litoral, y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (en Barakaldo).
De momento, el elefante de las transferencias, la Seguridad Social, seguirán pendiente. Su traspaso despierta recelos en muchos sectores ante el peligro de ruptura de la caja única para todo el Estado.
Se llegó a un acuerdo para que se realizaran estudios sobre la viabilidad de que Euskadi asumiera la gestión económica de la Seguridad Social, es decir, el pago en caja, sin derecho a tocar las prestaciones, pero la pandemia lo dejó otra ocasión y así sigue.
También tendrán que esperar otras transferencias destacadas que Euskadi ha reivindicado desde hace años, como los puertos de interés general (Bilbao y Pasaia) y los tres aeropuertos vascos. EFE
Y qué pasa con la transferencia de la seguridad social?? Era mentira y se utilizo para engañar al pnv y tener su apoyo?
La seguridad social en nuestra comunidad autónoma tiene un agujero enorme, unos 3.000 millones de euros al año que pagan el resto de españoles.