La nueva Ley de Desarrollo Rural aprobada esta semana por el Parlamento Vasco aumenta la protección del mundo rural para promover su reactivación económica y social mediante una mayor coordinación de las políticas institucionales con el objeto de igualar las condiciones de vida en estas zonas a las del resto del territorio.
La ley, cuya propuesta partió del Gobierno Vasco para sustituir a la que estaba en vigor desde 1998, ha recogido varias de las aportaciones de los grupos durante el trámite parlamentario y hoy ha sido ampliamente respaldada por la Cámara con los votos a favor del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, mientras que PP+Cs se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha explicado al inicio del debate parlamentario el contenido de la nueva norma diseñada con el principal objetivo de propiciar las condiciones para que al menos se mantenga o incremente la población de los municipios rurales mediante acciones económicas y sociales para aumentar el nivel de bienestar de su población y revertir la desploblación y el envejecimiento.
Incluye acciones para impulsar las actividades económicas de los sectores agrícola, ganadero y forestal y prevé la constitución de una Red de Desarrollo Rural, integrada por representantes del Gobierno Vasco, las diputaciones, Eudel, entre otras entidades locales, para propiciar una mayor coordinación del conjunto de políticas públicas.
Todo ello con el objeto de diversificar la actividad económica en las zonas rurales respetando la actividad del sector primario.
La ley recoge la necesidad de potenciar la creación de empresas en los nichos económicos que, además de la actividad agraria, presentan un importante potencial de crecimiento en el medio rural vasco para el turismo sostenible, la salud y el bienestar, la industria alimentaria, la gastronomía, la restauración, el ocio de aventura o las energías renovables.
También promoverá la mejora de las infraestructuras, servicios y equipamientos públicos necesarios para asegurar una buena calidad de vida a los habitantes del medio rural y la venta directa de los productos del sector primario fomentando los canales de distribución y la comercialización
La normativa impulsará además el desarrollo de infraestructuras ligadas a energías renovables y sostenibles, y en particular las de utilización de biomasa forestal y pretende facilitar la autogeneración y autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables y sostenibles.
Uno de sus artículos se refiere a la sanidad y plantea que la Atención Primaria se acerque progresivamente a la población de los núcleos rurales más alejados y de menor tamaño.
La gobernanza público-privada a nivel local se coordinará desde la Fundación Hazi a través de la creación en dicha organización de un servicio de gestión orientado al desarrollo territorial, que se denominará Lurralde.
La consejera ha incidido en que el fin último de la normativa es que las zonas rurales sean lugares atractivos donde vivir y emprender y ha destacado que se desarrollarán acciones para retener a la población dirigidas especialmente a mujeres y jóvenes.
José Antonio Suso (PNV) ha destacado que el amplio consenso parlamentario conseguido da un valor añadido a la ley, mientras que Txarli Prieto (PSE) ha asegurado que la norma preservará el empleo estable de calidad en las zonas rurales para lograr el relevo generacional y la creación de nuevas empresas.
Desde EH Bildu, Itxaso Etxebarria ha reconocido que la ley es «ambiciosa» pero ha advertido de que a partir de ahora se tiene que desarrollar buscando el equilibrio entre las actividades humanas y la conservación del territorio, aumentando la participación de mujeres y jóvenes en los proyectos y aprovechando las nuevas tecnologías.
Elkarrekin Podemos-IU, aunque ha votado a favor de la ley, considera que «no todo son luces» en la normativa porque está «excesivamente burocratizada» y le falta «mucho desarrollo», ha explicado la parlamentaria Isabel González, quien ha dejado constancia de que hay aspectos mejorables como todo lo relacionado con la gestión forestal.
Muriel Larrea (PP+Cs) ha reiterado que la abstención de su grupo se debe a que se han recogido varias de sus enmiendas pero ha dicho que son muy «críticos» con la norma porque se ha perdido la oportunidad de implementar medidas que protejan a los pequeños productores agrícolas y ganaderos.
Por su parte, Amaia Martínez (Vox) ha votado en contra porque durante el trámite parlamentario no se han aprobado ninguna de sus enmiendas «por el hecho de ser de Vox» y porque la ley genera «más chiringuitos y duplicidades». EFE
