El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado la responsabilidad solidaria de los grupos Guardian y Parter Capital a abonar a toda la plantilla de Autoglas de Llodio (Álava) las indemnizaciones correspondientes al despido improcedente de su plantilla el año pasado.
La empresa Autoglas/Glavista, fabricante de parabrisas y que formó parte de Guardian Llodio hasta 2020, presentó un ERE de extinción para la totalidad de la plantilla, unos 200 trabajadores, que fueron despedidos hace un año.
En una sentencia de la que ha informado este jueves ELA, el TSJPV confirma el auto del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria que declaró improcedente el ERE, con lo que se confirma que el expediente en Autoglas «no estaba justificado».
MALA FE
La resolución judicial confirma la relación de las empresas del grupo y establece que se está ante «un claro caso de fraude para los trabajadores y mala fe en el periodo de consultas y ante un grupo laboral patológico».
ELA señala que la sentencia del alto tribunal confirma lo que el sindicato ha venido denunciando, que desde Guardian Europa se «orquestó una operación para generar la situación de inactividad en Autoglas, empresa que hasta 2020 le pertenecía» y que entonces hizo una «venta ficticia de la misma».
La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, cuenta con el voto particular de uno de los magistrados que considera que debía estimarse íntegramente el recurso de ELA y declarar la nulidad de los despidos.
ELA también mantiene otro proceso judicial contra la multinacional Guardian por delitos contra los trabajadores por el cierre Autoglas, con una querella contra el vicepresidente de Guardian Europa y responsable de asuntos jurídicos, Guus Boekhoudt.
La denuncia va dirigida, además, contra la responsable de recursos humanos de Guardian Europa y contra otras cinco personas de las gestorías de empresas vinculadas a los grupos Guardian y Parter.
ELA considera que la venta de Autoglas al fondo Parter en 2020 llevó al cierre de la planta de Llodio en julio del año pasado, un cierre «claramente orquestado y premeditado, ya que la compraventa fue una operación empresarial simulada».
Por ello, considera que existe un delito de administración desleal y otro de insolvencia punible, que también fue denunciado por la Fiscalía y que el juzgado decidió investigar.
El sindicato ve que, además del delito anterior, este cierre puede ser constitutivo de un delito contra los derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que pide al juzgado de Amurrio que lo investigue. EFE
Si mandasen a la cárcel unos buenos años a los responsables de éstos atropellos después de una sentencia judicial , se lo pensaban dos veces .
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