La Iniciativa por el Derecho a la Vivienda y la Exclusión Social ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Vitoria contra el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, por la venta de 500 VPO de Vitalquiler a un fondo sueco de inversión.

Así lo han explicado miembros de esta plataforma en una rueda de prensa celebrada frente a la delegación territorial de Vivienda del Gobierno Vasco en Vitoria, donde los convocantes han opinado que la actuación del Ejecutivo autonómico puede constituir «un delito de prevaricación, fraude y estafa».

La plataforma ha criticado «el papel determinante» que ha jugado el Gobierno Vasco y los partidos que lo conforman, PNV y PSE-EE, en «la venta fraudulenta» de 500 viviendas de protección oficial de los barrios de Salburua y Zabalgana al fondo sueco de inversión inmobiliaria Catella cuando fueron construidas con ayudas públicas, «bajo el compromiso de dedicarlas a alquiler protegido».

La asociación ciudadana ha manifestado que el Gobierno Vasco, además de autorizar la venta, «ha renunciado a ejercer el derecho de tanteo y retracto» previsto en el artículo 65 de la Ley vasca de Vivienda, «perdiendo una gran oportunidad» de aumentar el parque público de vivienda en propiedad.

Los convocantes han acusado al Ejecutivo vasco de ejercer una política de vivienda que va «en contra de las necesidades de la población» al anteponer «el negocio privado al derecho a la vivienda» y dejar a parte de la población «en situación de vulnerabilidad» en manos de fondos que buscan la rentabilidad económica y no el bienestar de estas personas.

A su juicio, el traspaso de viviendas públicas al ámbito privado pone en cuestión «las necesidades básicas» de la población, ya que muchas personas que viven en esas casas pertenecen «a sectores vulnerables», dado «el carácter social» de los alquileres.

La Iniciativa por el Derecho a la Vivienda y contra la Exclusión Social ha censurado el abandono de algunas instituciones a la hora de asegurar el derecho básico a la vivienda, fomentando el «ansia de negocio de especuladores».

Los denunciantes han explicado que Vitalquiler se creó en 2001 con el objetivo de promover un parque de viviendas protegidas en alquiler en Vitoria, pero que, tras esta operación de venta, la entidad se ha deshecho del «57 % del parque que poseía», dejando en manos privadas la gestión de su alquiler social.

Catella se comprometió a mantener el régimen social de estas 500 viviendas hasta el año 2033, un acuerdo del que la plataforma ha recelado al exponer varios casos dados en España donde los fondos de inversión tramitan «órdenes de desahucio» tras adquirir cientos de pisos en ciudades como Donostia, Barcelona y San Sebastián de los Reyes. EFE


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7 Comentarios

  1. Muy bien!!!!!!

    Ya lo dije!!:

    «Se han vendido a un fondo de inversión extranjero con las familias vitorianas dentro.

    Art. 47 constitución: «… Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»

    Primero se les explota y después se vende a fondos extranjeros, si eso no es especulación que me lo digan.»

    Las personas y familias no son ganado al que explotar.

      • Ni sabes hablar, ni sabes escribir, ni nos vas a colar que los legítimos inquilinos no quieren esos pisos en propiedad.

        • Según regula la Ley de Arrendamientos Urbanos, vender un piso con inquilino es un procedimiento totalmente legal. Eso sí, es muy importante conocer todas las condiciones que regulan este tipo de operaciones para que ninguna de las partes se sienta perjudicada.
          Lo primero que hay que tener en cuenta es si el contrato de alquiler está inscrito en el Registro de la Propiedad, dado que esto influirá de manera importante en los derechos que tiene el inquilino. Otros aspectos que se deben tener en cuenta son: el año en el que se firmó el contrato (ya que las condiciones legales han sufrido variaciones en los últimos años) y los acuerdos concretos firmados por las partes a la hora de formalizar el contrato, siempre que estos acuerdos estén dentro del marco legal.
          Una vez comprobado todo esto, entramos en uno de los puntos que más conflicto pueden generar en este tipo de operaciones, las visitas al piso de posibles compradores.
          Si el comprador es un inversor, el proceso suele ser más fácil porque el comprador puede querer tenerle como inquilino y el trato será ventajoso para todas las partes….
          Pero si no es el caso y el comprador no quiere alquilarlo, se pueden ofrecer otras condiciones que puedan compensarle: ofrecerle otro piso de alquiler, asesoramiento para cambiarse de domicilio, la contratación de alguien para limpiar y preparar la casa… e incluso, en última instancia, ofrecerle un pequeño descuento en el pago de una mensualidad o pagarle la mudanza.
          Es importante comunicarle al inquilino las condiciones de venta pactadas, ya que la ley le otorga un derecho preferente de compra, es decir, si iguala las condiciones pactadas, el inquilino tendría derecho a comprar el piso. Para ello, dispone de 30 días naturales desde que se le entrega el comunicado. Pasado ese tiempo sin contestar o habiendo expresado su no intención de igualar la oferta, el propietario deberá volver a comunicar la venta efectiva al inquilino.

          igular la oferta de los 500 pisos

          • En el contrato de alquiler del registro de la propiedad aparecerá como arrendatario de un piso, no de 500. Así que no tiene que igualar la oferta de 500.

            Pero como bien dices, habria que haber ofertado la compra a los inquilinos. Eso sí, con garantías y a precio justo que evite la especulación como reza la constitución.

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