EFE).- Cinco años después del cese de la violencia de ETA, los partidos políticos afrontan las elecciones vascas del próximo día 25 sin haber alcanzado grandes consensos en la última legislatura en materia de paz y convivencia, especialmente en lo referido a las víctimas del terrorismo.
Todas la formaciones están de acuerdo en el enunciado general de que es preciso consolidar definitivamente la paz en Euskadi y construir una memoria de lo sucedido en la que se tenga presente el reconocimiento y reparación a las víctimas, pero no logran entenderse a la hora de poner en marcha las actuaciones necesarias para alcanzar esos objetivos.
Un reflejo de la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas ha sido la ponencia de Paz y Convivencia creada en el Parlamento Vasco, que ha permanecido bloqueada durante toda la legislatura.
PSE-EE, PP y UPyD decidieron no participar en la ponencia hasta que EH Bildu no asuma el llamado «suelo ético», fundamentado en reclamar la desaparición definitiva de ETA, reconocer la injusticia de la violencia y promover la dignidad de las víctimas.
La iniciativa en esta materia la ha llevado principalmente el Gobierno Vasco presidido por Iñigo Urkullu, que ha desarrollado desde hace tres años un Plan de Paz y Convivencia de la mano de la Secretaría creada ex profeso en el Ejecutivo, dirigida por Jonan Fernández.
De este plan han surgido actuaciones como la creación en 2015 del Instituto de la Memoria, Gogora, mientras en Vitoria se construye un Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo dependiente del Ministerio del Interior, cuyas obras se esperan culminar este mismo año.
Del plan de paz y convivencia impulsado por el Ejecutivo vasco han brotado otras muchas iniciativas, como contactos con asociaciones de víctimas de ETA, la elaboración de informes sobre atentados sin esclarecer y sobre torturas, o el impulso de homenajes en los municipios donde se produjeron atentados. En casi todos los casos se reprodujeron las fricciones entre los partidos.
Tampoco hubo unanimidad cuando PNV y PSE-EE aprobaron en solitario la ley vasca sobre reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, ni cuando se ha conmemorado el Día de la Memoria para recordar a las víctimas.
Sí hubo un día, el pasado 11 de marzo, en que representantes de las principales instituciones y de todos los partidos políticos participaron en un acto, en San Sebastián, de reconocimiento a las víctimas de todas las organizaciones terroristas que han actuado en Euskadi. No hubo discursos.
El candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha subrayado que su empeño ha sido siempre el de conseguir la «máxima unidad posible» y ha apostado para el futuro por «cerrar la vieja etapa de confrontación política» y abrir una «nueva que consolide la paz y la convivencia» en la que la memoria de las víctimas de ETA se convierta «en un punto de encuentro social».
La aspirante a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que el Gobierno Vasco ha tratado de «deslavazar» el relato sobre la violencia terrorista y se muestra especialmente crítica con el secretario de Paz y Convivencia del Ejecutivo, cuya gestión le parece «absolutamente equivocada e equidistante».
La «equidistancia» y la pretensión de «blanquear» a EH Bildu es también lo que reprocha el presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, al Gobierno Vasco y al PNV, al considerar que «unos quieren pasar página y otros emborronar las páginas de nuestra historia y falsear todo lo que ocurrió».
El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que esta coalición ha «avanzado mucho» en cuanto al reconocimiento de las víctimas, pero opina que para el resto de los partidos «nunca va a ser suficiente», aunque asegura: «Hemos dado pasos y seguiremos dándolos».
La candidata a lehendakari de Podemos, Pili Zabala, hermana de un militante de ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, piensa que ella puede contribuir a «visibilizar a las personas que han sufrido en el conflicto».
Además de la atención a las víctimas, el desarme de ETA y la situación de los presos y huidos de la banda terrorista son otros de los obstáculos de los que hablan los partidos para lograr la consolidación de la paz y la consecución de una convivencia normalizada en Euskadi.
PNV, EH Bildu, PSE-EE y Podemos son partidarios del acercamiento de los presos de ETA a Euskadi, en tanto que el PP opina que la dispersión de estos reclusos ha sido eficaz para el final del terrorismo.
En cuanto al desarme de ETA, todas las formaciones coinciden en su necesidad, aunque también se refieren a ella con matices.
Urkullu, cuyo Gobierno se ofreció a coliderar un «esfuerzo internacional» para el desarme de ETA «si es para dar su carpetazo definitivo», ha instado a ETA a que en un año se desarme completamente y de modo verificable.
Otegi ha dicho que está «absolutamente convencido» de que el desarme de ETA «se producirá más temprano que tarde», aunque ha opinado que «no le conviene al Estado español».
Para Mendia, «más que el desarme, toca la desaparición de ETA», mientras que Alonso aboga por la «disolución incondicional» de la banda armada y Zabala se ha mostrado partidaria de un «desarme definitivo y una entrega de las armas».
ETA aseguró el pasado mes de abril que «continúa con el proceso de sellado e inventariado de armas» que inició en 2014, pero públicamente solamente hizo un «gesto» de desarme en febrero de ese año, cuando escenificó la entrega de una caja con cuatro armas de fuego a miembros del Comité Internacional de Verificación (CIV). Tras grabar un vídeo del momento, los etarras se llevaron de nuevo las pistolas.
Desde entonces disminuyó la actividad, al menos pública, del CIV, coordinado por Ram Manikkalingam. También ha ido a menos la presencia de los mediadores del Grupo Internacional de Contacto (GIC) liderado por el abogado sudafricano Brian Currin. EFE








