La Fiscalía de Álava pide siete años de cárcel y la inhabilitación absoluta durante 15 años para un exempleado de la Caja Vital de Vitoria que desvió 157.286 euros de una cuenta que gestionaba en la entidad en la que se recibían subvenciones del Gobierno Vasco.
Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, el acusado, de 56 años, fue al menos desde 1998 hasta 2003 empleado de la Caja Vital como oficial de primera y, entre otras funciones, gestionaba una cuenta en la que se recibían y contabilizaban las subvenciones que otorgaba el Gobierno Vasco como consecuencia de convenios de colaboración suscritos con la entidad.
Esas subvenciones se destinaban tanto a pequeñas y medianas empresas como a particulares, así como a préstamos que concedía la Caja Vital a clientes suyos que eran beneficiarios de ayudas de viviendas subvencionadas por el Ejecutivo autónomo.
El acusado fue además entre 2001 y abril de 2003 presidente de la Junta Administrativa de la pequeña localidad alavesa de Paul y, como tal, gestionaba en exclusiva la cuenta que este organismo tenía abierta en la Caja Vital, actualmente integrada en Kutxabank.
El fiscal considera que al menos durante cinco años este empleado de la caja, «con ánimo de enriquecerse ilícitamente y aprovechándose del cargo que tenía» en la entidad, sustrajo un total de 157.286 euros.
Para ello hizo multitud de transferencias bancarias tanto a favor de la Junta Administrativa de Paul, de la que era presidente, como a favor de terceras personas para pagarles servicios que le habían prestado.
Concretamente transfirió más de 108.256 a personas que le habían prestado distintos servicios, desde el Colegio de Arquitectos de Álava hasta una empresa de maquinaria y herramientas, y a la Agencia del Agua del territorio. Además se apropió de otros 49.029 euros para la Junta Administrativa de Paul.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos ya que los fondos de la cuenta de la Caja Vital que desviaba tenían la naturaleza de caudales públicos al consistir en subvenciones del Gobierno Vasco.
Por ello pide siete años de cárcel e inhabilitación absoluta durante 15 años.
No obstante, en caso de que no se aprecie el delito de malversación de caudales públicos, propone que subsidiariamente se califiquen los hechos como un delito continuado de apropiación indebida agravada por el que solicita cinco años de prisión y una multa de 3.000 euros.
En cualquiera de los casos reclama además que indemnice a la Caja Vital con 157.286 euros, al tiempo que pide que la Junta Administrativa de Paul, por haberse beneficiado de estos traspasos, devuelva a la entidad de ahorro 49.029 euros. El juicio por estos hechos se celebrará la próxima semana en la Audiencia Provincial de Álava.
