El Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, va a iniciar un nuevo procedimiento sanciondador contra Falange Española por las consignas que corearon sus miembros en una concentración desarrollada en Vitoria el 12 de octubre de 2025 tras haber caducado y haber sido archivado el anterior.
El pasado mes de marzo Gogora abrió un expediente sancionador tras la concentración de Falange Española en Vitoria el 12 de octubre de 2025 en la que «se emitieron expresiones, consignas y se exhibieron banderas por parte de las personas asistentes, que podrían suponer un incumplimiento» de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
Esta norma considera una infracción grave «utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista», así como celebrar «actos y homenajes» que persigan «la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936, incluidas las celebraciones asociadas al 18 de julio, y de la dictadura franquista».
Esta ley prevé sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros para las infracciones consideradas graves.
El acto terminó con graves incidentes a raíz de que sus simpatizantes y grupos contrarios a la Falange iniciaran un enfrentamiento que provocó la intervención de la Ertzaintza. Hubo 19 detenidos, 40 heridos -la mitad ertzainas- y daños materiales valorados en 10.000 euros.
Además, el pasado mes de septiembre Gogora denunció ante la Ertzaintza amenazas recibidas por parte de la Falange Española en correos electrónicos cuyo remitente tenía el nombre y apellidos de un hombre, afiliado a ese partido que ha participado en varias ocasiones en las listas electorales.
Archivo «en positivo»
El director de Gogora, Alberto Alonso, ha firmado el archivo de este primer expediente sancionador en una resolución en la que se declara la «caducidad del procedimiento al haber transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se haya dictado resolución expresa».
El documento se remite a la Ley de Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas y señala que han transcurrido seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del expediente «sin haberse practicado la notificación de la resolución».
Precisa que esta notificación no ha podido materializarse por la ampliación en dos ocasiones del plazo de alegaciones, por el recurso de los denunciantes, y por el «recurso frente a la delegación de pruebas del expedientando».
Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco han indicado a EFE que efectivamente la normativa da un plazo de seis meses para resolver este tipo de expedientes, pero han precisado que el plazo de prescripción de los hechos analizados es superior, de dos años.
En este sentido, han explicado que Gogora ha querido ser «garantista» y dar por caducado este primer expediente «como una acción en positivo» para poder iniciar otro procedimiento que «no parte de cero» porque se incorporarán al mismo todos los trámites y documentos ya recabados hasta el momento.
«Negligencia» para los memorialistas
Por su parte, un total de 14 organizaciones memorialistas han atribuido la decisión de archivar este primer procedimiento a las «maniobras de dilación llevadas a cabo por Falange» con la petición de «todo tipo de documentos, pruebas y declaraciones absolutamente innecesarias e inoportuna».
En una nota, han criticado que Gogora «no solo las admitió, sino que ni siquiera dictó que éstas paralizaran el plazo de caducidad del expediente» que, a su juicio, finalmente «han dejado tocado de muerte las maniobras de Falange y la desidia de Gogora».
En este sentido, estas asociaciones han considerado que la caducidad es resultado de la «negligencia» del director de Gogora y han mostrado su «más rotunda indignación» por un archivo «derivado de un error formal subsanable».
Han anunciado además la interposición de recurso de reposición contra el archivo.EFE








