El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado que análisis realizados por la Ertzaintza concluyen que los tribunales vascos recurren «menos a la prisión provisional que en otros lugares» y ha considerado que es un recurso que podría usarse en más ocasiones, pero que quien lo decide es «un juez».
Zupiria, en una entrevista en Radio Bilbao, ha puntualizado que «no se trata de meter a todo el mundo en la cárcel», pero se podría recurrir a la prisión provisional en más ocasiones.
Ha señalado que la decisión «la tiene un juez» y que «quien tiene solicitar la prisión provisional es la Fiscalía», que en Euskadi «es bastante reacia a utilizar la figura de la prisión preventiva».
Sobre el suceso ocurrido el pasado lunes en Hondarribia (Gipuzkoa), en el que un policía municipal mató con su arma reglamentaria a un ciudadano senegalés armado con un cuchillo que intentó agredir a una ertzaina, Zupiria ha reiterado que la situación era «de riesgo» al deambular por las calles una persona armada con un cuchillo amenazando a los viandantes.
El consejero, que ha considerado que el fallecido era víctima de una enfermedad mental que le llevó a «la enajenación» y a cometer actos «no admisibles», ha defendido que la situación descrita «exige una reacción inmediata y dura de los agentes de la Policía Municipal y Ertzaintza que actuaron», que «están instruidos para hacer un uso proporcional de la fuerza».
Ha afirmado, además, no tener duda de que «no hubo ningún dolo» en la actuación del agente que disparó, que «creo -ha dicho- que era la primera vez que disparaba a una persona». En su opinión, «seguramente midió las circunstancias que estaba viviendo y la forma en la que tenía que utilizar la fuerza».
Zupiria ha señalado que antes de los disparos, agentes persiguieron al hombre y como «primeras herramientas» llevaban porras y escudos policiales, uno de los cuales resultó roto por un golpe propinado por el fallecido.
Por otra parte, ha señalado que la Ertzaintza continúa investigando las amenazas que ha denunciado haber recibido el director de Gogora, el socialista Alberto Alonso, por parte de la Falange Española y de las JONS, después de que hace unos meses esa entidad del Gobierno Vasco abriera un expediente sancionador a ese partido por un acto celebrado el pasado 12 de octubre en Vitoria.
Zupiria ha indicado que «esas amenazas seguramente tienen que ver con lo que sucedió el 12 de octubre del año pasado en Vitoria» y «se está investigando a las personas que protagonizaron los incidentes y a los miembros de Falange que intervinieron» en ellos.
Según ha indicado, en el caso de los miembros de Falange «está costando mucho obtener la identificación de estas personas porque no viven aquí y dependemos de la información que nos tiene que facilitar la Policía Nacional». EFE
