El Gobierno Vasco está elaborando un modelo de ejecución de penas y de medidas alternativas a la prisión en Euskadi que verá la luz próximamente y va a potenciar la justicia restaurativa con un programa que podría comenzar en las prisiones a finales de junio o principios de julio.

Este anuncio lo ha realizado Jaime Tapia, el asesor en materia penitenciaria del Ejecutivo vasco, justo el día en el que se cumplen seis meses de la asunción por parte de la administración autonómica de la competencia de prisiones.

Tapia ha dado detalles de estos seis meses en una comparecencia junto a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien ha presentado la propuesta de la Estrategia de Justicia Restaurativa que su departamento ha preparado para el periodo 2022-2025, y del director de Justicia, Eugenio Artetxe.

Artolazabal ha lamentado que el Gobierno Vasco ha asumido la gestión de unas prisiones, como las de Bizkaia y Gipuzkoa, que se encontraban «en muy mal estado de conservación». También ha señalado que actualmente en las tres cárceles vascas ya «no disponen de las alternativas para mover a los internos más conflictivos» a otros centros específicos.

Ha explicado que las tres prisiones trabajan en red pero se está «muy lejos de contar con un sistema que disponga, por ejemplo, de módulos de primer grado o de un número suficiente de recursos habitacionales para poder potenciar regímenes de semilibertad».

Pese a esta situación, la consejera ha reconocido que transcurridos los seis meses «la mejor noticia es que no hay noticias, no hay novedades llamativas entendidas como malas noticias».

Ha destacado que hay «muchos avances» positivos, como en la atención a menores dependientes de personas privadas de libertad o la puesta en marcha de recursos habitacionales para personas con enfermedades graves o incurables para que puedan cumplir sus penas en régimen de semilibertad en la comunidad autónoma.

Tapia ha añadido que el Gobierno Vasco está apoyando las acciones que se están desarrollando desde Salud Mental con los centros penitenciarios de Álava y Bizkaia en atención psiquiátrica y piscológica de los internos, la «desprescripción» de medicamentos y la prevención del suicidio.

En cuanto a la estrategia de Justicia Restaurativa, la consejera ha recordado que esta es una figura que permite a las personas dañadas por el delito y a las responsables del daño participar activamente en la resolución de las consecuencias resultantes del delito con la ayuda de una tercera persona independiente y cualificada.

«Activar un proceso beneficia a la víctima», ha explicado la consejera Artolazabal, «porque tiene la oportunidad de expresar sus necesidades y de ser parte activa en la forma en que el victimario repare su daño», pero también al victimario, que «tiene la oportunidad de tomar conciencia de que su comportamiento no es aceptable, de las consecuencias del mismo» y de la necesidad de que la comunidad participe en la resolución del conflicto.

La Estrategia de Justicia Restaurativa busca establecer un modelo que garantice la accesibilidad con independencia del tipo de delito o la gravedad del mismo; impulsar cambios normativos o incorporar el proceso «de forma transversal» e impulsar la formación y la aplicación entre el personal de procesos restaurativos.

Artolazabal ha añadido que el Gobierno Vasco no va a aplicar una política penitenciaria de «excepción» en esta materia, por lo que se podrá aplicar la justicia restaurativa «independientemente del delito cometido» por el victimario y del momento del procedimiento penal en el que se encuentre.

Ha añadido que las víctimas serán el «centro» de esta estrategia y que se empezará el proceso con ellas, con las que manifiesten su voluntad de participar.

El documento presentado hoy es una propuesta que será contrastado a lo largo del mes de abril con los operadores del sistema penal y penitenciario con la idea de recoger sus aportaciones e incluirlas en un texto definitivo que será presentado durante la celebración de un taller internacional sobre Justicia Restaurativa en el ámbito penitenciario los días 5 y 6 de mayo en Bilbao. EFE

El Gobierno Vasco esperanzado en que se confirme el progreso de grado de Fiti

 El asesor en materia penitenciaria del Gobierno Vasco, Jaime Tapia, ha afirmado que mantiene «cierta esperanza» en que se confirme la progresión al tercer grado penitenciario otorgada al histórico dirigente de ETA Joseba Arregi, «Fiti».

Tapia, en una comparecencia con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, para presentar una estrategia de justicia restaurativa, se ha referido a este recurso, el único presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en contra de las ocho progresiones de grado concedidas por el Gobierno Vasco tras obtener las transferencias en prisiones.

En su recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el fiscal Carlos Bautista se opone a la semilibertad de «Fiti» porque no ha gozado de permisos previos, los escritos que ha presentado no son suficientes, ni el pago de la responsabilidad civil.

Tapia además de mostrar su esperanza en que el juez finalmente confirme la progresión de grado ha recordado que el Código Penal prevé la libertad condicional para presos septuagenarios, como es el caso de Arregi, algo que podría influir en la decisión final.

La consejera Artolazabal ha puesto en valor que la Fiscalía no haya recurrido 7 de las 8 progresiones aprobadas por el Gobierno Vasco lo que, a su juicio, demuestra el trabajo «riguroso, exhaustivo e individualizado» realizado.

Sobre el caso concreto de «Fiti» ha dicho que es un preso de edad avanzada, que «lleva ya muchos años en prisión, que está casi a punto de cumplir la condena» y que en base a su expediente y a las «manifestaciones expresadas por el propio preso y a su situación personal» el Gobierno Vasco entiende que «cumplía los requisitos para progresar de grado».

Ha concluido que la progresión de grado se había hecho en función de «informes técnicos y científicos» de las juntas de tratamiento que, ha recordado, «son las mismas» que había antes de la asunción de la competencia de las prisiones por parte del Gobierno Vasco en octubre del año pasado, «con las mismas personas y las mismas directrices». EFE

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