EFE.- La Audiencia Nacional juzga de nuevo el jueves a la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de la localidad guipuzcoana de Escoriaza para «causar la muerte de los Guardias Civiles que acudiesen a desactivar el artefacto», si bien finalmente no hubo víctimas.
La Fiscalía, que acusa a Anboto de participar en estos hechos cuando integraba el comando Araba de ETA, pide para ella 61 años de cárcel por dos delitos de asesinato frustrado, otro de estragos y otro de pertenencia a organización terrorista.
Por este atentado ya fueron condenados sus compañeros de comando José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, Alberto Plazaola, Juan Carlos Arruti y José Ignacio Gaztañaga.
Según relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, este comando, «a pesar de su denominación, actuaba no sólo en la provincia de Álava» sino también en zonas limítrofes de Guipúzcoa y Vizcaya.
Anboto y los ya condenados, decidieron colocar un artefacto explosivo-trampa en la puerta del bar «Naira» en Escoriaza para que se activase al ser manipulado por las fuerzas policiales tras ser alertadas de su colocación.
Plazaola transportó en su automóvil a Anboto, a Arizcuren y a Arruti, «así como el artefacto que éstos iban a emplear y que previamente habían preparado», indica el fiscal.
La bomba, preparada en Vergara (Guipúzcoa), consistía en una caja de cartón con 2 kilos de «trilita», que estaba en conexión con otra que contenía un sistema de detonación oculto.
En la noche del 21 al 22 de mayo de 1987, colocaron la bomba-trampa «en la acera, a la puerta del local, con el temporizador preparado para que «entrase en funcionamiento a hora no determinada pero posterior a las 8,45 h. de la mañana».
Después avisaron al diario «Egin» y la noticia llegó a la Comisaría de la Ertzaintza en Arrasate , y al Cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta, ambos en Guipúzcoa.
Al lugar se personaron las dos fuerzas policiales y mientras que la Ertzaintza desalojaba las viviendas próximas, el Equipo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, mediante «robots», procedió a desenganchar las dos cajas que componían el artefacto.
Después se apartaron del lugar unos 80 metros, al sospechar que la segunda caja -la más grande- pudiera tener un detonador oculto.
Tres minutos después de la separación de las dos cajas, se activó el detonador oculto en la caja grande e hizo estallar el artefacto.
La explosión alcanzó un radio de 10 metros, sin herir a nadie gracias a las precauciones que se adoptaron, pero pudo «casi de forma inevitable causar la muerte dado lo violento del impacto», advierte la Fiscalía.
Lo que sí se produjeron fueron destrozos en inmuebles colindantes y vehículos aparcados en la calle.
Anboto fue entregada por Francia en septiembre de 2019 para ser juzgada por 12 causas y ya ha sido condenada en firme a 122 años de cárcel por una de ellas, el atentado en el que perdió la vida el comandante del Ejército Luciano Cortizo, en 1995 en León, al explotar una bomba lapa bajo el asiento de su coche cuando conducía con su hija, que resultó herida grave. EFE
