Lío entre sindicatos para negociar con las residencias de Álava

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha insistido este lunes en recomendar el establecimiento de un sistema de información «estructurado» para todas las residencias de personas mayores del País Vasco, que ahora dependen territorialmente de las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Ha destacado, también, que el establecimiento de unidades convivenciales pequeñas, denominadas «burbujas», supone hacer descender el riesgo de contagio en un 43 por ciento.

Algo que abordaron, entre otras, las pequeñas residencias privadas de Álava.

La Asociación ACRA ha defendido esta estrategia siempre.

Este colectivo, de reciente creación en Vitoria, está formada por 48 residencias de 67 en Álava, y supone el 71% del sector en el Territorio.  Son mayoritariamente de carácter familiar en su constitución y gestión.

El Defensor del Pueblo ha comparecido ante las Juntas Generales de Bizkaia, a propuesta de EH Bildu, para explicar el informe elaborado por el Ararteko sobre el impacto de la pandemia de covid-19 en las residencias de mayores de Euskadi, que fue hecho público en noviembre de 2021.

Tras explicar que para realizar el informe recibió respuestas de 199 de las 299 residencias existentes en Euskadi, y después de aludir a la disparidad de datos sobre los centros que se ofrecen en los respectivos territorios, Lezertua ha insistido en que las tres diputaciones «pueden ponerse de acuerdo en unos mínimos de datos» sobre la situación de las residencias para que puedan ser recopilados de forma «homogénea».

PEOR EN RESIDENCIAS GRANDES

En cuanto al contenido del informe, el Ararteko ha recordado que en el estudio -abarca de marzo de 2021 a enero de 2021- se indica que el virus se extendió con mayor facilidad en las residencias grandes, «por la movilidad» del personal, frente a las pequeñas, pero no encuentra «ninguna asociación» en los contagios en relación a si el centro era de titularidad pública o privada.

Lezertua ha indicado que es consciente de las «diferencias políticas» que hay en este asunto de las residencias privadas y públicas, pero ha reiterado que el estudio refleja que la titularidad del centro «no ha sido uno de los factores que ha influido positiva ni negativamente» en los contagios.

En cambio, los centros, sus características y las medidas preventivas adoptadas fueron «altamente relevantes» para explicar el riesgo de contagio por coronavirus entre las personas usuarias.

Por ello, ha resaltado, es «necesario reflexionar sobre el modelo arquitectónico y funcional de los centros a la luz de la influencia en los contagios».

El Ararteko ha insistido también en que con vistas al futuro se necesitan planes específicos frente a riesgos de infección, adaptados a cada centros. Ha recordado que el 31% de las residencias carecía de sistemas de alerta o prevención ante situaciones parejas como la gripe común.

El informe del Ararteko, que recogió datos del Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y de representantes y gestores de los propios centros en los primeros diez meses de pandemia, reflejó que el 66,7 de los centros residenciales vascos tuvieron algún caso de covid y que en ese periodo fallecieron 938 personas usuarias «con diagnóstico» de la enfermedad del coronavirus.

El 25% de las personas residentes se contagiaron y el virus llegó a entrar «en dos de cada tres centros».

UGT reclama en Álava una subida del IPC para las trabajadoras de residencias

EFE.- UGT-Euskadi ha remitido una carta al diputado alavés de Políticas Sociales, Emilio Sola, en la que le reclaman su «implicación» para que se cumpla el convenio en las residencias del territorio y se aplique una subida salarial del 6,5 % a sus trabajadoras.

Este sindicato también ha pedido al diputado que retenga los abonos de la Administración foral a aquellas empresas que no actualicen los salarios al IPC.

Unas 1.200 trabajadoras que prestan su trabajo en cerca de un centenar de empresas alavesas de residencias de la tercera edad se ven afectadas por esta situación al tener sus condiciones laborales reguladas de acuerdo al séptimo convenio marco estatal en el que establece que «se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el Índice de Precios al Consumo (IPC) real del año anterior».

La responsable de Dependencia de UGT-Euskadi, Marilí Granado, recuerda que este es un sector «altamente feminizado y privatizado», pero que presta el servicio de conformidad con las administraciones públicas, en concertación de plazas y licitaciones públicas.

«A pesar de que desde la Diputación alavesa se están destinando importantes partidas económicas para financiar la dependencia, el empleo en este sector ha pasado a convertirse en un empleo precario y feminizado», ha añadido en un comunicado.

A pesar de las reclamaciones de UGT a las patronales del incremento del 6,5 % del IPC de 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística, las patronales del sector «niegan la mayor y ni tan siquiera reconocen los propios datos del INE», y con «excusas imprecisas y confusas» se niegan a actualizar la nómina.

Es por eso por lo que UGT ha iniciado en los territorios afectados esta reclamación, a través de las distintas diputaciones. EFE



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