(EFE).- El portavoz de la Plataforma vasca para la querella contra los crímenes del franquismo, Josu Ibargutxi, ha asegurado hoy que los abogados de la asociación creen que el Gobierno central está prevaricando por no atender a los requerimientos de la jueza argentina María Servini.

Ibargutxi ha llevado hoy a comisión parlamentaria las denuncias y reclamaciones de esta asociación y el estado del procedimiento abierto por Servini en Argentina.

Esta magistrada investiga la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la que entre otros, están imputados el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, por la muerte en 1976 en Vitoria de cinco trabajadores por una carga policial.

El octubre de 2014, Servini emitió un auto en el que ordenaba la detención de 19 acusados de estos presuntos crímenes. Estas órdenes fueron bloqueadas en noviembre por la Interpol a petición de España. Posteriormente, envió en febrero al Gobierno central un exhorto para que éste, a su vez, lo enviase a la Audiencia Nacional, con el fin de que fuesen citados a declarar ante Servini en España los 19 imputados entre el 4 y el 22 del pasado mes de abril.

Ibargutxi ha recordado que este exhorto no llegó a la Audiencia Nacional, por lo que los abogados de esta asociación presentaron el pasado 31 de marzo un requerimiento al Ministerio de Justicia para solicitar explicaciones.

Tampoco esta petición ha sido contestada por el Ministerio por lo que el viaje previsto por la jueza argentina para tomar declaración a los imputados fue suspendido.

Ibargutxi ha señalado que la jueza apela en su escrito al Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España, suscrito en Buenos Aires en 1987.

El incumplimiento de este tratado puede suponer, según los abogados de la plataforma, que el Gobierno central haya prevaricado por no atender a los requerimientos de Servini.

«Creemos que existen ordenes del PP y del Gobierno español para no decir absolutamente nada y no mover nada sobre este asunto. Y si ahora se les presionara para hacer algo dirían que están en funciones y que no pueden actuar», ha asegurado.

Ibargutxi ha asegurado que la jueza argentina está «ciertamente enfadada» por la actitud del Ejecutivo central, pero tiene claro que va a continuar adelante con su plan porque «realmente tiene voluntad de que se haga justicia y de llevar a cabo toda la investigación».

Ha explicado que Servini se ha puesto en contacto con 14 obispos españoles y con el Vaticano para que le remitan toda la documentación de la que dispongan sobre «la relación entre el franquismo y la Iglesia».

Ibargutxi también ha pedido la colaboración y el apoyo del Parlamento y del Gobierno Vasco para «proteger» a las víctimas y acabar con la «impunidad» de los imputados por Servini.

«Llevamos 80 años con una impunidad impresionante. Se nos está muriendo mucha gente y se está desvirtuando una historia de 40 años de dictadura. A las nuevas generaciones ya no les suenan los torturadores y cuerpos represivos que salieron de rositas sin responder a nada», ha concluido.



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