La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, reclamará al Ministerio de Justicia más juzgados en Euskadi para que la justicia sea más rápida y trabajará para crear una memoria «crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política».
San José ha cerrado este miércoles la ronda de comparecencias de los consejeros del Gobierno Vasco en el Parlamento para exponer los principales objetivos de su Departamento para esta legislatura.
Ha reivindicado una justicia que preste especial atención a los colectivos más vulnerables porque pese a la existencia de la justicia gratuita «desafortunadamente sigue habiendo personas que renuncian a defender sus derechos porque les parece que el sistema es complejo». «Tenemos que llegar a quienes no llegamos», se ha propuesto.
«Hay personas en situación de vulnerabilidad a las que no llegamos debidamente. No hay más que recordar a tantas víctimas de violencia contra las mujeres que en muchos casos no denuncian a su agresor porque creen que les va a perjudicar», ha dicho la consejera, que ha lamentado también que las personas discapacitadas y con «otros factores sociales añadidos», se sienten «distanciadas» del sistema judicial.
San José, que se ha comprometido a «avanzar en la euskaldunización» de la justicia, ha abogado asimismo por usar un lenguaje más sencillo, por garantizar la presencialidad para evitar que la digitalización sea una nueva «brecha de acceso» y por agilizar los procesos porque «una justicia menos lenta es de mayor calidad».
Pedirá al ministro más juzgados en Euskadi
En este sentido ha anunciado que en los próximos días se reunirá con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedirle que Euskadi cuente con más juzgados y así se pueda «paliar la lentitud».
También quiere extender «al mayor número de delitos posibles» la justicia restaurativa, que se centra en la reparación del daño causado y el reconocimiento de ese daño porque «este modelo pone a las víctimas en el centro».
En cuanto a la gestión penitenciaria -en la actualidad hay unos 1.600 reclusos atendidos por 800 trabajadores- San José ha desvelado que se creará una Dirección de Servicios Penitenciarios, se prestará más atención a la salud mental de los reclusos y se reforzará la colaboración de Aukerak, la agencia de reinserción sociolaboral para internos, con Lanbide.
Para que este modelo orientado hacia la reinserción «sea un éxito real» hace falta que las víctimas «entiendan las medida que se adoptan» para cada preso, algo que es «especialmente sensible» en el caso de víctimas de violencia machista, agresiones sexuales y terrorismo. Con este objetivo se elaborará un nuevo protocolo de información a las víctimas.
Deslegitimar la violencia
En cuanto a la Memoria y los Derechos Humanos ha abogado por construir una «memoria crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política» con una mirada especial hacia la juventud para que «sepan lo que ha pasado y eviten que vuelva a pasar».
Hay que «explicar con claridad y rigor» que hubo grupos terroristas como ETA que «decidieron organizarse para eliminar al diferente», que hubo personas que «haciendo un uso ilegítimo del poder, policial o judicial, decidieron sobre la vida y la integridad de las personas también con fines políticos» y que durante la guerra civil «se asesinó, esclavizó, torturó» y después se impuso «un sistema totalitario que vulneraba los derechos humanos».
«En coherencia con lo anterior, no es admisible éticamente» que puedan verse en las calles de Euskadi imágenes de los victimarios y de sus símbolos, por lo que ha invitado a la sociedad vasca a «rechazar expresamente y poner los medios a su alcance para impedir la exhibición acrítica de los victimarios».
En este sentido ha avanzado que propondrá una «reforma legal acotada» que incluya sanciones a la exhibición de estas imágenes.
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, tiene «un papel esencial» para hacer esa «pedagogía democrática» que debe también servir para «impedir el acceso de la ultraderecha» ahora que «se vuelve a expandir la cultura del odio y la estigmatización o aniquilación del diferente».
«La Euskadi decente que queremos construir pasa por tener viva esa memoria crítica que no deje un agujero negro, un espacio impune, una pregunta sin responder, una pena sin cumplir y una reinserción sin completar», ha resumido. EFE
