(EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha revocado la multa de 19.250 euros que le impuso la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) al Colegio de Graduados Sociales de Álava al considerar que no cometió acciones contrarias al derecho de competencia.
En junio de 2007 la AVC impuso esa multa al comprobar que en sus estatutos el citado colegio infringía la legalidad al atribuirse «funciones expresamente prohibidas y contrarias» a la libre competencia entre profesionales de este sector.
La AVC sostuvo que en sus estatutos el colegio alavés mantuvo en el articulado baremos de honorarios mínimos orientativos y limitaciones a que ejercieran en Álava colegiados de otros lugares.
Para imponer su sanción la Autoridad Vasca de la Competencia argumentó que en 2009 hizo el primer requerimiento al colegio para que modificara sus estatutos, pero que no los modificó hasta marzo de 2017 cuando supo que se había incoado el procedimiento sancionador.
Sin embargo, el colegio ha informado hoy en un comunicado de que no pagó la multa ya que decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ahora le ha dado la razón y ha impuesto el pago de las costas al Gobierno Vasco, de quien depende la AVC.
El TSJPV estima que aunque el órgano colegial de los graduados sociales tenía unos estatutos anticuados que recogían prácticas anticompetitivas, estas no se llevaron a la práctica.
Por tanto concluye que no puede demostrarse que se haya vulnerado la ley ni que «haya existido la menor voluntad de hacerlo». EFE
Que es un graduado social?