El Parlamento Vasco en Vitoria ha rechazado este jueves crear una comisión de investigación del campamento de Bernedo (Álava) y ha reclamado a las instituciones un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el ámbito del tiempo libre y del ocio.
El pleno de la Cámara ha debatido sobre esta cuestión a instancias del PP, después de que también a iniciativa de este partido los consejeros de Seguridad, Bingen Zupiria, y de Bienestar, Nerea Melgosa, diesen explicaciones en el pleno de control tras las denuncias de familias de niños y adolescentes que han participado en este campamento.
Hasta el momento se han presentado 21 denuncias por delitos relacionados con la libertad sexual en las que se asegura que en estas colonias se obligaba a chicos y a chicas a compartir duchas en las que lo monitores se duchaban con ellos.
La moción del PP no ha salido adelante al contar con el único apoyo de Vox, mientras que sí lo ha hecho la presentada por PNV y PSE-EE con el voto en contra de populares, EH Bildu y Vox y la abstención de Sumar.
El rechazo del texto del PP implica que el Parlamento Vasco no va a crear una comisión de investigación que determine las causas que hicieron posible que «las denuncias sobre los hechos acontecidos en las colonias no fueron adecuadamente atendidas por las administraciones públicas».
A través de la enmienda de nacionalistas y socialistas que sí que ha salido adelante, la Cámara ha expresado su «más absoluto rechazo y condena» y ha manifestado su «firme compromiso con la protección de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud».
En concreto, emplaza al Gobierno Vasco y al resto de instituciones a la creación, junto a las familias y agentes sociales, de un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el tiempo libre y en el ocio, que debe regirse bajo los principios de «rigor, coordinación y transparencia».
Asimismo, pide que se ponga a disposición de las familias afectadas todos los recursos y medidas de apoyo necesarias para no revictimizar a los menores.
El PP acusa de connivencia del Gobierno Vasco
La parlamentaria del PP Laura Garrido ha concluido que dado que la Ertzaintza tenía conocimiento de estos hechos desde 2024 lo que al parecer ocurrió el pasado verano «se podría haber evitado».
«Este gobierno lo ha permitido, lo ha tolerado y ha mirado claramente a otro lado. Ha habido connivencia y permisibilidad con comportamientos inadmisibles con menores», ha afirmado Garrido, quien ha señalado que existen «muchos interrogantes sin resolver».
En la misma línea, Amaia Martínez (Vox) ha afirmado que lo denunciado por 21 familias «no habría ocurrido si el Gobierno Vasco hubiera hecho su trabajo».
Desde los grupos que integran el Gabinete de Imanol Pradales, Aitor Urrutia (PNV) ha situado el campamento «en el entorno de Bildu», ha explicado que su partido aboga por que estos hechos los investigue un juez que determine las responsabilidades que haya podido haber y que «el que la haya hecho la pague».
«Eso no es transfobia ni fascismo, sino justicia», ha zanjado tras defender la actuación de las instituciones.
«Carroñerismo» de la derecha
Por su parte, el socialista Pau Basi sí ha reconocido que ha habido «graves fallos en el sistema», que «no se ha actuado con el rigor necesario» y ha confiado en que la justicia hará su trabajo y en que se reforzarán los protocolos. «Ojo con usar estas cosas para la disputa política de vuelo bajo», ha pedido.
La representante de EH Bildu Enaitz Saez de Egilaz ha dejado claro que «la existencia de este ‘udaleku’ no es un delito» y ha pedido abordar el tema con seriedad porque lo relevante es «proteger a los menores». Por ello ha pedido que la justicia y la Ertzaintza actúen con «la diligencia, rapidez y sensibilidad que exige» esta cuestión, tras criticar el «carroñerismo y el intento de la derecha de instrumentalizar» este caso.
Por último, Jon Hernández (Sumar) ha acusado al PP de usar esta caso «como arma política», ha opinado que las instituciones «han fallado», y ha defendido que lo ocurrido en Bernedo «debe ser juzgado y no se puede repetir, pero no se puede usar para generar discursos de odio y señalar a colectivos». EFE
No es un delito si los padres tuvieran claras las condiciones antes de enviar a sus hijos ahí.
Yo no les llevaría ni loco! Menuda secta!
Si es un delito, si va contra la legislación. Que tonterías dices. Y eso de que los padres tenían claro, se demostró que no.
O sea, ¿que si los padres están de acuerdo en que sus hijos le tengan que enseñar el culo a un degenerado para poder merendar entonces no pasa nada?
¿Esto es el famoso pin parental? Porque vaya tela…
Mi opinión como comunista es que independientemente de lo que opinen los padres, lo del campamento de Bernedo fue CORRUPCIÓN DE MENORES. Y quien debería tener la última palabra en ello es el estado, no los padres.
¡Ni Comisiones ni ostias! Si es que ha habido un delito, que sobran las sospechas de que lo haya habido, que actúe la Justicia y castigue a los culpables de ello y se acabó.
Palabras atribuidas a Napoleón: «Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión».