(EFE).- La Fiscalía de Álava pide seis años de cárcel para la propietaria de una empresa de servicios de asistencia a enfermos y personas mayores por estafar más de 243.000 euros a una pareja de ancianos.
Los hechos, que serán juzgados la próxima semana en la Audiencia Provincial de Álava, ocurrieron en 2008, cuando la hija de un matrimonio mayor contrató los servicios de ayuda a domicilio de la empresa «Edades-Servicios Sociales» para atender a sus padres que estaban en un delicado estado de salud.
La sede alavesa de esta empresa, que ofrece servicios de labores domésticas y asistencia a enfermos y mayores en distintos puntos de España, es propiedad de la acusada, que poco a poco se ganó la confianza de la hija del matrimonio mayor, según la calificación fiscal a la que ha tenido acceso Efe.
La denunciada empezó a tener una relación cada vez más estrecha con la hija del matrimonio e incluso llegó a contratarla como recepcionista de su empresa «Edades-Servicios Sociales».
La hija del matrimonio estafado estaba en esa época en tratamiento médico por depresión debido al precario estado de salud de sus padres y a la crisis matrimonial que estaba atravesando.
En ese contexto, la acusada sugirió a la hija que descapitalizara el patrimonio de sus padres con el fin de simular una situación económica que no era la real y poder obtener así ayudas públicas para los ancianos.
La dueña de la empresa de servicios se ofreció como depositaria del dinero que tenía el matrimonio y consiguió que el 19 de septiembre de 2008 la hija de los estafados le transmitiera 60.000 euros de sus padres a una cuenta de la que era titular el hijo menor de la acusada.
Cinco días más tarde la acusada recibió un cheque por otros 60.000 euros que ingresó en su cuenta y el 6 de noviembre hizo lo mismo con otro de 116.000 euros.
Para poder justificar estos ingresos la denunciada redactó sendos contratos en los que hacía constar que recibía 250.000 euros del matrimonio por los servicios prestados.
La mujer del matrimonio, que presentaba demencia, murió el 14 de enero de 2009, y su marido pocas semanas después, el 11 de febrero, cuando se encontraba también con sus facultades cognitivas limitadas y estaba, según el fiscal, «vulnerable, sugestionable e influenciable».
Además, cuando la hija del matrimonio ratificó el contrato «presentaba un cuadro clínico de depresión» y, debido a los fármacos que tomaba, estaba en una situación de «vulnerabilidad, con cierta pérdida de la reflexión y el juicio crítico», según el fiscal.
Por ello considera que la acusada es autora de un delito continuado de estafa agravada y pide para ella seis años de prisión, una multa de 7.200 euros y que indemnice a la hija de los fallecidos con 236.000 euros por el dinero defraudado.
