Culpan a Diputación de impedir nuevas viviendas en Álava

EFE).- Las Juntas Generales de Álava han reclamado hoy a los gobiernos español y francés que excarcelen a los presos de ETA alaveses enfermos Oier Gómez Mielgo y José Ramón López de Abetxuko.

El pleno de las Juntas ha debatido una moción urgente del PNV, EH Bildu, Podemos e Irabazi sobre la situación de ambos presos que se encuentran «gravemente enfermos», que ha sido respaldada por el PSE-EE, mientras que el PP y el procurador del grupo mixto independiente (expulsado de Ciudadanos), Miguel Ángel Carrera, han votado en contra.

En la iniciativa aprobada, las Juntas solicitan a las autoridades francesas competentes que tengan en cuenta, en las decisiones a adoptar en fechas próximas sobre la situación penitenciaria de Oier Gómez, la legislación vigente, nacional e internacional, para la excarcelación de los reclusos que sufren graves enfermedades.

Asimismo piden al Gobierno español la aplicación «no restrictiva» del reglamento penitenciario sobre «las personas vascas presas con enfermedades graves e incurables», entre ellos López de Abetxuko.

El Parlamento provincial trasladará este acuerdo al juzgado que debe decidir sobre la situación penitenciaria de Oier Gómez, así como al Ministerio de justicia francés, bajo cuya jurisdicción y tutela se encuentra.

De la misma manera remitirá este acuerdo al Juzgado Central de Vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, bajo cuya jurisdicción y tutela se encuentra López de Abetxuko.

Durante el debate, Izaskun Moyua (PNV) ha reafirmado su compromiso con los principios humanitarios y la defensa de los derechos y libertades de todas las personas, incluidos los presos.

Kike Fernández de Pinedo (EH Bildu) ha reclamado la salida de la cárcel «lo antes posible» de los dos presos, ha acusado al PP de mantener un discurso «fanático, chillón y provocativo» en relación a este asunto y ha denunciado la «impunidad» con la que los populares tratan los crímenes del GAL y los franquistas.

«A ver si se entera de una vez que el Estado español aplica una legislación vengativa de excepción a los presos vascos e incumple las leyes y normativas europeas», le ha espetado a la portavoz del PP en las Juntas, Ana Morales.

Otra de las firmantes de la moción, Arantxa Abecia (Podemos), ha defendido también la excarcelación de presos con enfermedades muy graves e incurables en aplicación de los «estándares internacionales de trato humanitario» y ha reclamado el fin de la «orientación vengativa de la política penitenciaria».

En la misma línea, José Damián García-Moreno (Irabazi) ha incidido en que el cumplimiento de las condenas no puede anteponerse a cuestiones graves de salud.

También el PSE, socio del PNV en el Gobierno de la Diputación alavesa, ha respaldado los puntos de la moción. La juntera Eva Jiménez ha recordado que la legislación vigente permite excarcelar a presos gravemente enfermos, que tienen derecho a un tratamiento «digno». «Defendemos los derechos fundamentales de todas las personas», ha subrayado.

Entre los grupos que han votado en contra, la portavoz del PP, Ana Morales, ha reprochado a los socialistas que secunden esta moción porque su pacto de gobierno con el PNV «no lo justifica todo». También ha acusado a los grupos que la apoyan de tratar de cuestionar el Estado de Derecho de Francia, un país en el que «no se vulnera la legalidad» en materia de derechos humanos.

Morales ha señalado que este tipo de decisiones las tienen que aplicar los jueces de vigilancia penitenciaria, no el Gobierno español y ha opinado que si estos presos no se pueden acoger a beneficios legales es porque ni reniegan de ETA ni piden perdón».

«¿Por qué no pide a los presos de ETA que pidan perdón y que entreguen las armas, pero todas y sin lavarlas con lejía», ha preguntado a EH Bildu tras calificar el desarme del sábado de «pantomima».

Por su parte, el independiente Miguel Ángel Carrera ha reconocido que todos los presos tienen que tener un trato igualitario, incluida la aplicación del reglamento sobre internos enfermos, pero ha opinado que desde el ámbito político no se debe intervenir en la justicia.

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