EFE).- El juicio del «caso De Miguel» queda hoy visto para sentencia, nueve años después de que una abogada presentara en la Fiscalía de Álava la denuncia que dio origen al mayor proceso de presunta corrupción instruido y juzgado en Euskadi con 26 acusados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés y exmiembros del Gobierno Vasco.
A continuación las fechas y acontecimientos más importantes de este caso:
– La abogada Ainhoa Alberdi denuncia el 2 de diciembre de 2009 en la Fiscalía de Álava que el entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial y antes número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel le está pidiendo una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
– Tras las investigaciones iniciales, el 17 de marzo de 2010 se producen las primeras ocho detenciones por orden del juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, bajo la dirección del juez Roberto Ramos, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Entre los arrestados figura Alfredo de Miguel presunto cabecilla de la trama junto a Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, miembros de la ejecutiva del PNV en esa provincia. Todos ellos dejan sus cargos.
– El Parlamento Vasco acuerda en octubre de 2010 crear una comisión de investigación sobre este caso con el sí de todos los grupos parlamentarios del momento (PSE-EE, PP, EB, EA y UPyD) y la abstención del PNV. La comisión se constituyó el 19 de noviembre y en ella declaró De Miguel el 18 de abril de 2011, donde reiteró su inocencia y afirmó que el objetivo de todo era el PNV.
– El 10 de mayo de 2012 la comisión de investigación del Parlamento aprueba un dictamen en el que se atribuyen responsabilidades políticas a excargos del PNV en las contrataciones entre el Gobierno Vasco y el Parque Tecnológico de Álava con las empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El dictamen contó con el voto favorable de todos grupos de la Cámara menos el PNV que votó en contra.
– El 9 de marzo de 2015 el juez Roberto Ramos finaliza la instrucción con un auto de 180 folios donde mantiene la imputación para 26 personas, entre ellas nueve exdirigentes del PNV, además de varios familiares y otros afines a esta formación, por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.
Tras cinco años de investigación, el juez afirmaba que había quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos públicos, cobrar por trabajos que no se hacían, y recibir comisiones ilegales.
– El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, presenta su escrito de acusación el 11 de marzo de 2016 y pide 54 años, 11 meses y 15 días de cárcel para De Miguel por 27 delitos.
En un escrito de 128 folios, Izaguirre mantenía que el presunto cabecilla creó un entramado societario para «obtener un ilícito beneficio económico» y que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas y/o administrativas» que tenía por su pertenencia al PNV. Añadía que utilizaba empresas «pantalla» para canalizar el cobro de supuestas comisiones o percibir cantidades ilegales por trabajos que en varias ocasiones no fueron realizados.
– El 12 de mayo de 2016 el Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria dicta el auto de apertura de juicio oral.
– El abogado de Alfredo de Miguel presenta en mayo de 2017 su escrito de defensa en el que pide su absolución y censura el relato «fabulado», «huérfano de prueba» e incluso «rocambolesco» que hace el Ministerio Público en su acusación.
– El 8 de enero de 2018 arranca en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava el juicio por este caso con las cuestiones previas. Para poder celebrar este macrojuicio con tantos acusados se llevaron a cabo obras de acondicionamiento por valor de 100.000 euros en la sala de vistas.
En esas cuestiones previas se acordó que los acusados declarasen al final de la prueba testifical y pericial.
– El 5 y 6 de marzo de 2018 declara como testigo en el juicio la abogada que destapó con su denuncia el caso, Ainhoa Alberdi, quien ante el tribunal habló de la «impunidad», «facilidad» y «alegría» con la que los principales imputados exigían «pasar por caja» y su «temor» a no ser la única a la que se le pidió una mordida
– El 17 de septiembre de 2018, día en el que estaba previsto que comenzaran a declarar los acusados, el fiscal pide una suspensión temporal del juicio porque está negociando un acuerdo de conformidad con algunos de ellos, que pasaría por reconocer delitos a cambio de una rebaja en la petición de cárcel. El tribunal accede.
– El 15 de octubre de 2018 se retoma el juicio y el fiscal revela que ha cerrado un acuerdo de conformidad con una «parte significativa» de los acusados, pero entre los que no están De Miguel y los otros dos exdirigentes del PNV alavés imputados, para «dejar acreditado» que ha existido una «trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas».
El acuerdo alcanza a nueve acusados vinculados principalmente con una fallida operación de recalificación de terrenos para construir un polígono industrial en Zambrana (Álava).
– El 5 de noviembre de 2018 Josu Arruti uno de los empresarios que ha llegado a un acuerdo de conformidad con el fiscal reconoce en el juicio que él y De Miguel pidieron y recibieron una comisión de 161.000 euros cada uno del grupo catalán Construcciones Riera por su intervención en la operación de Zambrana. Ese hecho es corroborado también por el que fuera consejero delegado de esa constructora que también se sienta en el banquillo de los acusados, Francesc Fernández.
– El 14 de noviembre de 2018 el Ministerio Fiscal modifica su escrito de conclusiones provisionales y rebaja las penas que solicita para 20 acusados, incluido a De Miguel para quien ahora pide 29 años y 9 meses de cárcel, y reclama la absolución de seis.
La Fiscalía mantiene la existencia de una trama corrupta destinada a lograr contratos y adjudicaciones de instituciones gobernadas por el PNV y obtener comisiones de las empresas que optaban a esos concursos.
– El 26 de noviembre de 2018 el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, inicia la presentación de su informe final en el juicio y asegura que los acusados constituyeron una «trama criminal», con prácticas mafiosas «más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», que actuaba con «impunidad» y con un nexo común entre «casi todos» los acusados, su relación con el PNV.
– El 3 de diciembre de 2018 arranca su informe final el letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, quien mantiene que en este caso no hay «ni trama» ni «pelotazo» y sí nueve años de «rechazo» y marginación» social a los acusados. Por ello pide la absolución de su defendido y emplaza al tribunal que cuando dicte sentencia se abstraiga de la «presión social» que hace ver a los procesados como «presuntos culpables». EFE
